Diputados que representan a la provincia de Limón y los representantes del oficialismo se enfrentaron este miércoles durante el trámite del proyecto de ley que pretende autorizar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) a pagar más de 9544 millones de colones por concepto de una demanda laboral que perdió, usando recursos del canon de desarrollo de la provincia que paga la empresa APM Terminals por operar el puerto de Moín.

La iniciativa en cuestión se tramita bajo el expediente 24.751 que fue presentado por el Poder Ejecutivo, con el fin de usar recursos que por ley están destinados a utilizarse "para proyectos de impacto económico y social en la vertiente del Atlántico", para pagar el equivalente al 3% de los salarios de los trabajadores de Japdeva entre 2002 y 2016 que, por convención colectiva, la institución se comprometió a girar a un "fondo de ahorro" de los funcionarios.

Según Japdeva, la efectividad de ese aporte (que era del 5% y se subió a 8%) estaba sujeto a que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara cargar ese gasto a las tarifas que cobraba la empresa estatal, sin embargo, el ente regulador lo rechazó y no fue sino hasta 2016 que la convención colectiva que contenía esa disposición fue dejada sin efecto.

Japdeva fue condenado en sede laboral a pagar el monto que no giró al fondo de los trabajadores, sin embargo, debido a su sustancial reducción en negocios no puede hacer frente a ese gasto en la actualidad, por lo que solicitaron auxilio del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.

Aunque el apoyo al proyecto es casi unánime en el Congreso, el enfrentamiento se dio porque las diputaciones de la Comisión de Limón presentaron una moción que obligaría al Ministerio de Hacienda y a Japdeva a reintegrar al fondo de desarrollo de la provincia, en un plazo de cinco años, los fondos que se usen para pagar la condena judicial.

La diputada Ada Acuña Castro, representante oficialista en la Comisión de Limón dijo que ella no firmó la moción que tenía ese propósito porque estaban opuestos y porque había que ser "responsables".

Tanto el Ministerio de Hacienda como Japdeva nos están diciendo que no es posible para Japdeva asumir esta propuesta que están haciendo con esta moción, porque financieramente los deja comprometidos, y en el caso de que quieran asumir toda la responsabilidad, se plantea el artículo 179 de la Constitución que dice que la Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, porque precisamente señores ¿de dónde vamos a sacar el dinero?".

Yonder Salas Durán, diputado de Nueva República por Limón dijo que el tema era que no era justo que más de 9000 millones de colones que deben usarse en seis cantones, se vean afectados para pagarle a los extrabajadores del cantón central de Limón: "Aquí hace algunos días se aprobó un proyecto de este servidor y ese proyecto le condonaba a Japdeva el pago de 38.000 millones de colones, esta moción lo que dice es que si la condena es contra el Estado, se repartan las costas, la mitad Hacienda y la mitad Japdeva".

Rocío Alfaro Molina, diputada del Frente Amplio delegada por su partido para esa provincia, dijo que debía haber una responsabilidad compartida entre Hacienda y Japdeva porque era una condena a una institución del entramado estatal.

Vean qué curioso: para que se le paguen los derechos laborales a trabajadores de Limón, hay que utilizar la plata que se debería de utilizar para el desarrollo de la provincia de Limón. O sea, los mismos se están pagando a sí mismos y de eso no se trata, es una responsabilidad estatal y los derechos laborales no pueden quedar sujetos a que quieran o no quieran pagar".

María Marta Carballo, diputada del PUSC por Limón, pidió a Acuña Castro que no se enojara porque lo que estaban tratando de hacer era ayudar al Estado a que cumpliera una sentencia que no fue emitida por los diputados, sino por un juzgado laboral producto de la irresponsabilidad de Japdeva.

Yo personalmente desde que me plantearon esta posibilidad no estaba muy clara de utilizar el dinero que le corresponde al desarrollo [de la provincia]. Ese dinero es de todos los limonenses para desarrollo, para puentes, para carreteras, para ojalá desarrollos aún más de impacto de los que se están haciendo. Diputada Ada, yo le pido que no se enoje tanto ni nos trate de irresponsables porque lo que estamos haciendo aquí es un acto de responsabilidad y patriotismo de ayudarle al gobierno a saldar esa deuda que no la pusimos nosotros".

Carballo le advirtió a Acuña, además, que los votos para que fuera el Ministerio de Hacienda el que tuviera que pagar el 100% de la condena ya estaban garantizados, pero que era ella quien estaba impulsando que Japdeva aportara el 50% del monto.

Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, dijo que a Limón lo que le sobraba era cariño pero que lo que hacía falta era dinero en la billetera, y reiteró que Hacienda y Japdeva comunicaron que no podían asumir ese gasto, además de considerarlo inconstitucional en virtud del artículo 179 de la Constitución.

La moción no llegó a votarse debido a lo cerca que estaba la sesión de llegar a su hora límite, por lo que el tema se retomará en próximas sesiones.

Breves

— Con 35 votos a favor y 8 en contra se aprobó en primer debate, por segunda vez, el expediente 22.709 "Amnistía para el ordenamiento de pozos y fuentes captadas superficiales no inscritas y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria".

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Nombramientos denegó el trámite del expediente 24.789 "Ratificación o no de la señora Giannina Córdoba Corrales como Miembro Titular del Órgano Superior de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom)" debido a que Córdoba ya había sido rechazada por el plenario la primera semana de sesiones de este 2025.

— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 24.582 "Ley para autorizar al Estado y cualesquiera instituciones públicas a colaborar y realizar donaciones a la Asociación Obras del Espíritu Santo".

Leyes publicadas

En el Alcance N.º 13 a La Gaceta N.º 18 del 29 de enero se publicó y entró a regir la siguiente ley:

— Ley 10.623 "Reforma parcial a los artículos 11, 12, 13, 14, 21 y 24 de la Ley 3455 y sus reformas, Ley de Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica" que se tramitó bajo el expediente 23.468. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera el 9 de diciembre de 2024 por lo que transcurrieron 51 días para que fuera publicada en el diario oficial.