El sector privado de la salud manifiesta su preocupación ante el decreto gubernamental y reitera su compromiso con el acceso a medicamentos y la competitividad del mercado.
Un llamado al diálogo para encontrar soluciones
La Cámara Costarricense de la Salud expresó su preocupación sobre el Decreto de Regulación de Margen Máximo de Comercialización de Medicamentos, debido a sus posibles repercusiones en el mercado farmacéutico costarricense. Ante esta situación, el sector hace un llamado a establecer una mesa de trabajo para dialogar con las autoridades y encontrar soluciones que equilibren el acceso a medicamentos con la sostenibilidad del sector.
El decreto plantea una regulación de los márgenes de comercialización, basada en un estudio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el cual, según la Cámara, presenta inconsistencias y no refleja la realidad del mercado. Un análisis reciente de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) identifica riesgos que, según el sector privado, no fueron considerados en la propuesta gubernamental.
Impacto en farmacias y acceso a medicamentos
De acuerdo con Eduardo Jiliberto, presidente de la Cámara Costarricense de la Salud, el decreto podría afectar la viabilidad de muchas pequeñas y medianas farmacias, lo que resultaría en la pérdida de empleos y una reducción en la disponibilidad de medicamentos, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios de salud.
"Las farmacias independientes suelen operar en zonas rurales y carecen de economías de escala. Ajustarse a los nuevos límites de comercialización podría provocar el cierre de más de 568 farmacias, afectando el acceso de la población a productos esenciales", señaló Jiliberto.
Estimaciones de la Cámara indican que la medida podría comprometer la sostenibilidad de 257 droguerías y 1.778 farmacias, generando una mayor concentración de mercado y limitando la competencia.
Posibles efectos sobre la competencia
Según la Cámara, la regulación podría incentivar prácticas que distorsionen la competencia, afectando tanto a consumidores como a empresas. Además, el decreto podría exponer a los actores del mercado a investigaciones por posibles prácticas anticompetitivas, al requerir el intercambio de información sensible entre empresas para cumplir con los nuevos márgenes.
"Si bien coincidimos en la necesidad de mayor transparencia en la fijación de precios, este decreto podría generar barreras de entrada para nuevos participantes, incrementando el riesgo de concentración del mercado", agregó Jiliberto.
Propuesta del sector salud
La Cámara reitera su disposición a dialogar con el MEIC y el Ministerio de Salud para analizar las causas estructurales de los precios de medicamentos y proponer soluciones viables.
"Hace meses propusimos la creación de una mesa de trabajo público-privada para abordar este tema de manera integral. Reiteramos nuestra invitación a las autoridades para construir juntos soluciones que mejoren el acceso a medicamentos sin comprometer la competitividad del sector", concluyó Jiliberto.
