El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el proyecto de ley del Frente Amplio y el oficialismo que aplica un recorte a la contribución estatal a la campaña política para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, aunque en menor proporción a lo que estaba originalmente previsto.

La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 24.337, establecía que para las elecciones del 2026 y las municipales de 2028, en su conjunto, el aporte del Estado sería del 0,085% del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2024, mismo porcentaje que se usó para las elecciones de 2022 y 2024 producto de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, 34 congresistas de Liberación Nacional, Liberal Progresista, Nueva República y la Unidad Social Cristiana se impusieron al FA y al oficialismo y aprobaron una moción de fondo que elevó el porcentaje al 0,11% del PIB, porcentaje que históricamente se ha usado desde la promulgación del actual Código Electoral.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había fijado el miércoles el aporte del Estado en 78.466 millones de colones, basándose en el porcentaje del 0,19%, prácticamente cuatro veces más que el monto asignado para las elecciones del 2022 (19.790 millones). De aprobarse en definitiva esta reforma el aporte sería de 39.233 millones de colones, un recorte del 50% respecto a si no se promulga el cambio, es decir dos veces el monto asignado en 2022.

Dato D+: El monto de referencia se define con el PIB del año tras anterior a las elecciones nacionales, por lo que en 2022 la referencia fue el PIB del 2020, el cual tuvo una caída por motivo de la pandemia de un 4,1%, mientras que de 2021 a 2024 el PIB creció a un promedio anual de 4.9%.

El FA y el oficialismo defendieron el uso del porcentaje del 0,085% señalando que los datos históricos del TSE muestran que los partidos políticos no logran hacer uso del aporte estatal más allá del 0,7% del PIB. En Costa Rica el financiamiento estatal a las campañas opera a modo de reembolsos, de modo que a las agrupaciones solo se les reconocen los gastos que efectivamente logren demostrar y que el TSE les apruebe en el proceso de liquidación.

Sin embargo, el resto de bancadas legislativas decidió mantener "la costumbre" de usar el porcentaje del 0,11% del PIB, usando como excusa además que el TSE usó ese porcentaje en una propuesta de reforma constitucional. El Tribunal ha dicho en reiteradas ocasiones que la determinación del monto del aporte estatal es una decisión meramente política, pues no hay fórmulas o mecanismos establecidos que determinen técnicamente cuál debe ser el porcentaje.

Durante la discusión en plenario el líder del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig Mintz, cuestionó la constitucionalidad de las leyes que han fijado porcentajes del aporte estatal inferiores al 0,19%, indicando que la Constitución es la que dice que ese debe ser el porcentaje. Dicho señalamiento es falaz, pues el artículo 96 de la Carta Magna establece en su inciso primero que por la vía de ley la Asamblea puede establecerse en qué casos puede acordarse una redacción de dicho porcentaje.

Asimismo se desató una discusión entre Pilar Cisneros Gallo y la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, luego que Cisneros acusara al resto de partidos de tener miedo de fijar el porcentaje en 0,085%.

La Asamblea debe aprobar en definitiva este proyecto de ley antes de que el TSE convoque formalmente a elecciones, pues a partir de ese momento se computa el momento a partir del cual los partidos pueden realizar gastos que serán reembolsados con el aporte estatal.

Breves

— Este jueves no se aprobaron otros proyectos de ley en el plenario, y se dio cierre al segundo periodo de sesiones extraordinarias de la tercera legislatura, con un total de 27 proyectos de ley aprobados en segundo debate.

Proyectos dictaminados

— Este jueves no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.

Leyes publicadas

— Este 30 de enero no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.