La responsabilidad de imponer la sanción recaería en la Asamblea Legislativa.

Dieciocho diputadas y diputados de cuatro partidos políticos, así como independientes, presentaron a la corriente legislativa este miércoles un proyecto de ley que inhabilitaría a quien ejerza la presidencia y las vicepresidencias de la república de ocupar cargos públicos durante ocho años por actos de violencia política contra las mujeres.

La medida se instauraría si prospera en el Congreso el proyecto de ley que se tramitará bajo el expediente 24.778, y que fue presentado con la firma principal de la diputada Cynthia Córdoba Serrano del Partido Liberal Progresista (PLP). El proyecto también lleva la firma de otras diputadas que, en ocasiones anteriores, han sido sujetas de señalamientos y ataques por parte del actual presidente (Rodrigo Chaves Robles), tales como Johana Obando Bonilla (PLP), Sofía Guillén Pérez (Frente Amplio), Katherine Moreira Brown y Monserrat Ruiz Guevara (Liberación Nacional), así como la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El proyecto pretende reformar varios artículos de la Ley 10.235 "Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política", la cual fue promulgada por la actual Asamblea Legislativa y firmada por el propio presidente Chaves.

En primer lugar, la iniciativa reformaría el artículo 4 de dicha ley para indicar en su inciso d) que tanto la Presidencia como las Vicepresidencias están atadas a cumplir lo que dicta dicha normativa, así como el inciso e) para incluir a quienes sean cabezas de ministerios y presidencias ejecutivas; al tiempo que precisa que tanto las magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como las del Poder Judicial también deben cumplir con esa legislación.

De seguido se reformaría el artículo 27 de esa misma ley, el actualmente indica que es el Plenario de la Asamblea Legislativa el encargado de amonestar éticamente a sus propios miembros por actos de violencia política, para incluir que también serán sujetos de la sanción por parte del Congreso quienes ocupen la presidencia y las vicepresidencias de la república. Inmediatamente el proyecto ordena agregar un nuevo párrafo que inhabilitaría de ocupar cargos públicos a funcionarios electos popularmente que hayan sido sancionados por actos de violencia política contra las mujeres:

Las personas electas popularmente y que sean sancionadas por violencia hacia las mujeres en la política no podrán ejerce ningún cargo público por un período de ocho años".

Finalmente el proyecto aumentaría el plazo de prescripción fijado actualmente en un año, para elevarlo a ocho años, el cual se computaría a partir del último hecho de violencia, o a partir de que cesó una causa justificada que le impidiera a la persona denunciar.

De prosperar, la iniciativa entraría a regir una vez sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, de modo que cualquier nuevo acto de violencia política cometido por el actual mandatario o sus vicepresidencias acarrearía que la Asamblea les amoneste y, automáticamente, queden inhabilitados por ocho años de poder ocupar cualquier otro cargo público. Quienes ocupen los altos puestos en los ministerios y las presidencias ejecutivas serían castigados con las sanciones dichas en la ley vigente, por parte del Consejo de Gobierno.

Si se determina que el proyecto de ley incide en materia electoral, la Asamblea Legislativa deberá consultar obligatoriamente al Tribunal Supremo de Elecciones su criterio sobre la iniciativa de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política. Si el TSE objeta el proyecto, la Asamblea tendría tiempo hasta el 1 de agosto de 2025 para aprobarlo en segundo debate, pues caso contrario tendría que esperar hasta el 1 de junio de 2026 en caso de que solo haya primera ronda, o el 5 de agosto de 2026 si hay una segunda ronda.

Razón de la propuesta: Chaves

Los proponentes reconocieron en la exposición de motivos que esta nueva iniciativa responde a los ataques de Chaves a varias mujeres políticas en lo que va de su gobierno.

Según señala el documento, en los meses que van desde setiembre de 2023 hasta el presente enero de 2024 "se han producido situaciones que pueden ser tipificadas como violencia de género dirigido directamente a diputadas de la República de Costa Rica", específicamente en lo relativo a perjudicar su reputación, prestigio, imagen, o menoscabar su credibilidad o capacidad política mediante ofensas, gritos, insultos, amenazas, calificativos humillantes y burlas en público o privado.

La exposición de motivos cita cuatro incidentes de este tipo:

  • En setiembre de 2023, Chaves equiparó la actuación de la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, quien votó contrariamente a la posición del Gobierno respecto al resello para salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, con una "traición a los ideales del pueblo de Costa Rica", lo que a criterio de los 18 congresistas firmantes denigró públicamente a Alpízar.
  • En agosto de 2024, Chaves acusó a la diputada Sonia Rojas Méndez de apropiarse de la identidad indígena.
  • En noviembre de 2024, Chaves se refirió a la diputada Sofía Guillén Pérez como "diputadilla, comunista y resentida social" por sus declaraciones sobre la vivienda de la diputada Pilar Cisneros.
  • En diciembre de 2024, Chaves llamó mentirosa, vagabunda y tonta a la diputada Dinorah Barquero Barquero.

La exposición de motivos también señala los constantes descalificativos y críticas de Chaves hacia la contralora general, Marta Acosta Zúñiga.

Con este panorama es imprescindible que la Ley 10235 exponga claramente los puestos de los responsables que incurran en violencia contra la mujer en la política y se establezcan las sanciones ya tipificadas para que se actúe en concordancia. El actual vacío legal ha permitido un clima de impunidad porque ante actos misóginos y violentos, la ausencia de una disposición clara de responsabilidad en los más altos mandos del Poder Ejecutivo, quedan sin ser sancionados".

El documento agrega que de no resolverse ese vacío se puede caer "en la trampa" de aceptar la estrategia de comunicación "donde el propio Presidente de la República descalifica las reacciones de defensa que llevan adelante las diputadas y diputados de la República".