El gobierno de Rodrigo Chaves Robles presentó un proyecto de ley para aumentar los controles contra el lavado de dinero en el sector ganadero, tras la resistencia de ese gremio a la orden de colocar aretes identificadores en las cabezas de ganado.
El proyecto, anunciado durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial de la semana anterior, fue presentado a la corriente legislativa bajo el número de expediente 24.746 y plantea establecer una serie de obligaciones regulatorias para las subastas de compra y venta de ganado en pie, similares a las que ya se aplican en otros sectores económicos considerados de alto riesgo.
La iniciativa establece que las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la subasta de ganado en pie deberán inscribirse obligatoriamente ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Aunque dicha inscripción no será interpretada como una autorización para operar, será un requisito indispensable para poder realizar actividades en el sector.
Las obligaciones propuestas incluyen:
- Identificación y diligencia de clientes: Verificar la identidad de sus clientes y beneficiarios finales al establecer relaciones comerciales.
- Mantenimiento de registros: Conservar información detallada sobre todas las transacciones realizadas, incluyendo datos de clientes y beneficiarios finales.
- Reporte de operaciones sospechosas: Informar sin demora a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre cualquier operación o intento sospechoso de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo.
- Controles internacionales: Implementar medidas específicas para operaciones comerciales con países señalados como de alto riesgo por organismos internacionales.
- Supervisión de nuevas tecnologías: Establecer mecanismos para gestionar los riesgos asociados con tecnologías emergentes, nuevos productos y prácticas comerciales en el sector.
El proyecto otorga a Sugef la potestad de inspeccionar, supervisar y denunciar a quienes incumplan las normas establecidas. Además, las municipalidades no podrán otorgar nuevas patentes ni renovar las existentes a las entidades que no estén inscritas ante Sugef. Paralelamente, ninguna institución regulada por las superintendencias costarricenses podrá mantener relaciones comerciales con entidades del sector ganadero que incumplan estas disposiciones, a fin de evitar riesgos relacionados con el lavado de dinero.
Sugef también tendrá la obligación de identificar las condiciones y características específicas de cada sujeto obligado —como su tamaño, estructura organizativa, volumen de operaciones y exposición a riesgos— para determinar si es necesario designar un oficial de cumplimiento. Este oficial será responsable de implementar medidas internas para prevenir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto establece que quienes operen subastas ganaderas deberán acatar todas las disposiciones vinculantes emitidas por el ICD. Además, la propuesta señala que Sugef supervisará que ninguna persona física o jurídica opere en el país sin cumplir con las regulaciones establecidas, independientemente de su lugar de domicilio o registro legal.
La iniciativa surgió días después de que durante una gira por la zona norte, ganaderos expresaran al presidente Rodrigo Chaves Robles su oposición al sistema de trazabilidad mediante areteo de ganado. "Hay un 85% de pequeños y medianos ganaderos que no vamos a aguantar porque no podemos y vamos a la desobediencia", dijo uno de los inconformes al mandatario.
Ante esa manifestación, Chaves le respondió: "Entonces, ¿sabe qué? en la desobediencia nos vemos en la calle... a mí no me amenace".
Durante la conferencia de prensa de la semana anterior, Chaves afirmó que su gobierno está comprometido en la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal, el contrabando y el robo.
Tenemos 24 subastas que, contrario a cualquier otro tipo de negocio, no tienen que reportar absolutamente nada cuando las transacciones se hacen en efectivo. Nadie supervisa, nadie vigila. Se empezaron a pronunciar contra el areteo de ganado porque obvio eso va a evitar más robo, o va a reducir el robo, va a evitar el contrabando y el lavado de dinero; y cuando yo vi que se pronunciaron tan fuerte dije yo "aquí hay más de lo que se ve a simple vista", empezamos a hacer análisis y hoy estamos convocando el proyecto de ley ya para cerrar todos los portillos, arreglar las cercas, las aldabas de los portones, de los corrales para usar la alegoría ganadera. Se les acabó y ustedes saben a quiénes les estoy hablando".
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el gobierno considera que la actividad ganadera se ha convertido en un nicho propicio para la legitimación de capitales, ya que es una actividad comercial, cuya compra y venta se desarrolla en las subastas, las cuales no están sujetas a limitaciones de ningún tipo respecto al monto de las transacciones que se pueden realizar con dinero en efectivo, facilitando así la incorporación de dinero proveniente de actividades delictivas en el orden socioeconómico.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, afirmó que actualmente cerca del 70% no declaran pago de impuestos, y que mientras se estima que en las subastas se tranzan hasta 39 mil cabezas de ganado, las pocas subastas que se reportan apenas consignan 780 reces.
Breves
Este lunes no se votaron proyectos de ley en el plenario.
Proyectos dictaminados
Este lunes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.
Leyes publicadas
— En el Alcance N.° 197 a La Gaceta N.° 230 del viernes 6 de diciembre se publicó la Ley 10.620 "Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la república para el ejercicio económico 2025" que se tramitó bajo el expediente 24.535. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 27 de noviembre de 2024 por lo que transcurrieron 9 días para su publicación en el diario oficial.
— En el Alcance N.° 199 a La Gaceta N.° 231 del lunes 9 de diciembre se publicó la Ley 10.622 "Aprobación del Contrato de Préstamo N°9502-Cr que financiará el segundo préstamo de políticas de desarrollo de la gestión del riesgo de desastres en Costa Rica con opción de desembolso diferido ante catástrofes (CAT DDO, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)" que se tramitó bajo el expediente 24.264. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 28 de noviembre de 2024 por lo que transcurrieron 11 días para su publicación en el diario oficial.