MEP se negaba a hacerse cargo de los equipos alegando falta de inventario certificado y sus altos costos.
El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) hacerse cargo de la guarda y custodia de los bienes entregados por la Fundación Omar Dengo tras la finalización del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) que mantenía el Estado con dicha fundación.
Así fue dispuesto por la jueza Rosibel Jara Velásquez (quien además es magistrada suplente de la Sala Constitucional) en el voto 2024-3243, del cual Delfino.cr tiene copia.
La sentencia responde a una acción interpuesta por la Fundación Omar Dengo luego de que el MEP se negó durante meses a retirar los activos que quedaron bajo custodia de la FOD tras la finalización del convenio. Este programa, establecido desde 2002, buscaba integrar la tecnología en las aulas públicas costarricenses.
El fallo establece que Mónica Acosta Carballo, oficial mayor del MEP, fue designada como depositaria judicial sin cobro de honorarios para los 215 mil activos valorados en más de ₡12 mil millones, que incluyen computadoras, servidores, equipos de red y otros bienes.
La Fundación había solicitado que el MEP retirara los equipos tras la ruptura del convenio, pero el ministerio se negó argumentando la falta de inventarios certificados. De los 215 mil activos, 50.193 son completamente nuevos y están almacenados en bodegas arrendadas por la fundación, que aseguró hace un año invertir $11.288 mensuales en alquiler y custodia para garantizar la seguridad de los bienes.
En 2023 el Ministerio alegó que la FOD no entregó un inventario certificado y que la información proporcionada sobre los activos era incompleta y en formatos que dificultaban su revisión, además de rechazar la solicitud de asumir los costos del traslado de los equipos, estimados en $157.040, que incluyen la movilización de 60 contenedores, el alquiler de montacargas y los salarios de 25 personas por cuatro semanas. También cuestionaron que la fundación contratara unilateralmente servicios para resguardar los bienes, lo que generaba un costo mensual adicional de $17.873.
La jueza Jara Velásquez tuvo como probado que el convenio entre el MEP y la FOD ya finalizó, que el propio MEP señaló que era su oficial mayor la encargada de ese tema, y que la fundación entregó un inventario de activos del Pronie certificado notarialmente:
Siendo que la adenda y el plazo venció y no se prorrogó, siendo que el MEP remitió guías para el traslado de activos indicando la persona responsable, siendo que el actor pide se de curso a estas diligencias y se designe como depositaria a la Oficial Mayor del MEP, y siendo la persona responsable, se acoge lo solicitado, de manera que se designa como depositaria judicial sin cobro de honorarios a la Oficial Mayor del Ministerio de Educación Pública señora Mónica Acosta Carballo".
La resolución señala que la discusión sobre si el Estado da o no por aceptada la entrega de los equipos, y la discusión sobre el costo de los gastos, deberá discutirse en la vía correspondiente, por lo que no se emitió pronunciamiento sobre ese aspecto.
En cuanto a las costas del proceso, la jueza condenó al Estado a pagar por ellas.
