Ley establece que el canon solo puede usarse para proyectos de impacto económico y social en la vertiente del Atlántico.

El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, y su ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, presentaron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley (expediente 24.751) que pretende que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) destine más de 9.5 mil millones de colones del canon de Explotación y Desarrollo Regional que APM Terminals paga a Japdeva por el uso de la Terminal de Contenedores de Moín para el pago de una condena judicial.

La condena, dada el pasado 30 de julio, corresponde a un proceso judicial que inició en 2013 y fue interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) en contra de la institución por concepto del no reconocimiento del 3% de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002.

La sentencia obliga a Japdeva a realizar el pago de 9.544.083.697,66 colones más los intereses legales e indexación hasta el efectivo pago.

Según señala la exposición de motivos, Japdeva se encuentra ante una imposibilidad material de poder cumplir con el mandato de la sentencia, por lo que proponen que por una única vez se pueda utilizar recursos del canon que traslada APM Terminals a Japdeva para cumplir con esta obligación.

Dato D+: El artículo 33 de la Ley Orgánica de Japdeva (Ley 3091) señala que los recursos del canon de explotación pagados por el operador de la Terminal de Contenedores, según el contrato de concesión vigente, solamente podrán utilizarse para proyectos de impacto económico y social en la vertiente del Atlántico. El proyecto presentado por el Ejecutivo no modifica dicho artículo.

Adicionalmente, a pesar de que el título del texto propone la autorización del 3% del fondo del canon, la exposición de motivos señala que el monto acumulado a la fecha por canon de explotación, canon de Desarrollo Regional y los intereses bancarios asciende a los 50.497 mil millones de colones, por lo que para pagar la condena judicial se requiere utilizar, aproximadamente, el 18% de los recursos recaudados a la fecha.

Como parte de la justificación que presenta la exposición de motivos de la iniciativa de ley, el Ejecutivo señaló que el 17 de setiembre de este año los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Limón enviaron un oficio a Japdeva solicitando que se usen los recursos del canon para el pago de esta condena judicial.

El proyecto presentado ya fue incluido por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias y ayer mismo fue asignado a la Comisión de la Provincia de Limón para su dictamen.