Todo el personal que trabaja en el MEP tiene una reducción obligatoria del 3% de su salario por pertenecer a Caja de ANDE.
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.742) que pretende eliminar la obligación que existe para todo el personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) de pertenecer a la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE).
Actualmente la Ley 12 establece que todas las personas que trabajen para el MEP están obligadas a pertenecer a Caja de ANDE, por lo que tienen una deducción obligatoria del 3% de su sueldo bruto mensual.
La iniciativa de ley propone eliminar dicha obligatoriedad, dejándolo como una posibilidad de afiliación, pero establece que las personas que se encuentren afiliadas a la Caja de ANDE cuando la ley entre en vigencia y opten por desafiliarse deberán continuar con las obligaciones financieras adquiridas con la entidad hasta la extinción de sus deudas, o podrán liquidarlas en su totalidad con base en el contrato correspondiente.
Según señala la exposición de motivos, el proponente considera que la afiliación obligatoria va en contra del artículo 25 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la libre asociación, sin embargo, reconoce que la Sala Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que "Caja de Ande no constituye una asociación en el sentido convencional, pues se considera una organización de cooperación mutua establecida por ley”, por lo que considera la reforma legal como necesaria para eliminar dicha obligatoriedad.
El texto añade:
La afiliación obligatoria pudo tener justificación en su momento, hoy se considera una carga innecesaria y una limitación al derecho de propiedad y de libre asociación. Este proyecto de reforma busca modernizar la normativa para garantizar que Caja de ANDE funcione como una opción valiosa y atractiva en el mercado financiero, manteniendo su misión social, pero respetando la libertad de los trabajadores del sector educativo para decidir sobre su afiliación y su patrimonio”.
El proyecto fue presentado con la firma de respaldo de Eliécer Feinzaig Mintz (PLP), Cynthia Córdoba Serrano (PLP) y Luis Diego Vargas Rodríguez (PLP). Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, de no ser convocado por el Poder Ejecutivo el proyecto deberá esperar hasta el 1 de febrero del 2025 para iniciar su trámite correspondiente.
