Documento presenta pruebas sobre hacinamiento, falta de especialista y problemas en infraestructura.

La Presidenta de la Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, Alicia Avendaño Rivera, y la diputada liberacionista, Katherine Moreira, presidenta de la comisión legislativa de Discapacidad y Adulto Mayor, presentaron este miércoles ante la Sala Constitucional un documento con pruebas adicionales solicitando ordenar a la junta directiva de la CCSS la declaratoria de emergencia para la construcción de la nueva sede de este centro médico y declaratoria de interés público de los terrenos.

El documento presentado comprende una serie de pruebas sobre las condiciones de hacinamiento, la falta de especialistas y la ausencia de infraestructura básica para la atención de las necesidades de los pacientes.

Este escrito se adiciona al Recurso de Amparo Recurso No 23-015793-0007-CO en contra la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), interpuesto en julio de 2023 por la Junta de Salud, más de mil ciudadanos y varias organizaciones interesadas en el bienestar de la población adulta mayor, el cual la Sala Constitucional aún no ha resuelto.

El escrito presentado este 4 de diciembre solicita además a este órgano jurisdiccional ordenar a la junta directiva aprobar a la brevedad la declaratoria de interés publico para la compra de los terrenos donde se construirá la nueva sede y definir aspectos administrativos como el plan funcional, presupuesto y la licitación para su construcción.

La diputada Moreira comentó:

Este hospital tiene más de 65 años y días atrás realizamos una inspección donde pudimos corroborar las necesidades que enfrenta este centro de salud, como la carencia de especialistas, infraestructura adecuada como baños y la carencia de infraestructura adecuada en el área de emergencias para poder atender a los pacientes”

La legisladora destacó además la ausencia de un área de cuidados intensivos y la existencia de solo 7 camillas para ofrecer cuidados intermedios a los adultos mayores, lo cual estima hace urgente la pronta construcción de la nueva sede.

Como parte de las pruebas presentadas ante la Sala Constitucional figura además una auditoría realizada en el 2024 por la Contraloría General de la República, la cual comprobó la falta de especialistas en geriatría necesarios para la valoración de los pacientes en todo el sistema hospitalario, encontrando que solo el 20% de los pacientes mayores a los 75 años hospitalizados fueron evaluados adecuadamente por un especialista en este campo.

El informe también advirtió que el sistema hospitalario carece de la información necesaria para identificar las barreras de acceso físico en la infraestructura de los centros médicos, lo que afecta la atención de las personas adultas mayores que enfrentan alguna dificultad de movilidad.