Contraloría indicó que programa PROERI no tiene controles para catalogar proyectos como peligro inminente.

La Contraloría General de la República (CGR) encontró una serie de deficiencias en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

PROERI se financia mediante un crédito externo de $700 millones entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), siendo el más significativo en cuanto a monto y representando un 19,3% del monto total de los créditos en ejecución del Presupuesto de la República para el año 2024.

Según la Ley n.° 10456 del 28 de febrero de 2024, este programa está compuesto por 502 proyectos. La mayoría de recursos del PROERI están dirigidos a proyectos de Peligro Inminente (73,8%) y según tipo de proyecto los más cuantiosos son los destinados a puentes (USD 240 millones aproximadamente).

El informe DFOE-SOS-IAD-00016-2024, que se realizó del 1° de enero de 2024 al 31 de octubre de 2024, analizó las responsabilidades, deberes y obligaciones del organismo ejecutores coordinador, Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE); y la existencia de controles pertinentes y suficientes para el manejo de los recursos de proyectos.

La inversión del Programa se encuentra en 66 cantones del país, siendo 11 de ellos los que concentran la mayoría de recursos.

Los hallazgos

La CGR encontró que la gestión del control del PROERI ejercida por la CNE, no cumple en todos sus aspectos significativos con la normativa aplicable.

Entre los hallazgos puntualizó en que los controles relativos a los roles y responsabilidades descritos en el Reglamento Operativo del Programa son incongruentes con lo señalado en el Contrato Préstamo n.° 2317. Tales deberes del Contrato se asocian con el diseño, ejecución y gestión del Programa, verificación de contrataciones conforme a las políticas y normas del BCIE, la publicidad de las actividades financiadas, los informes ex-post del Programa y el mantener las Firmas de Implementación conforme a la estructura pactada.

Sobre dichas firmas implementadoras, se observó que no han entregado productos indispensables para el inicio y ejecución de los proyectos como lo son los indicadores clave de desempeño. Estos productos fueron definidos en los Memorando de Acuerdo suscritos entre la CNE, los Organismos Ejecutores y la firma implementadora en su función de general y específicas.

Además, el Reglamento de Operación del Programa actual carece de controles requeridos para la ejecución de las inversiones sobre el apoyo técnico en infraestructura y de adquisiciones, capacitación y fortalecimiento, contratos, comunicación y gestión de obra. El Reglamento tampoco define el mecanismo para reintegrar recursos a los Organismos Ejecutores cuando aplique.

Por otra parte, encontró que la CNE no dispone de controles para verificar que los proyectos catalogados como peligro inminente en PROERI cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, ni para verificar que los costos estimados para estos proyectos sean razonables a fin de buscar la mejor inversión de los recursos públicos.

Además, no ha formalizado controles para efectuar pagos a los contratistas vinculados a estos proyectos.

En el documento emitido el pasado 19 de diciembre, el entre contralor indicó que esta "situación incrementa el riesgo de que los recursos no se ejecuten de manera eficaz, eficiente y con integridad, de forma que la inversión en las obras no resuelvan las necesidades públicas relacionadas con el objetivo del programa; y afecta negativamente la transparencia y la rendición de cuentas".

También determinó debilidades en la definición del portafolio de inversiones del programa. En giras de campo realizadas a 210 proyectos del PROERI, se encontró que 56 proyectos, principalmente asociados a centros educativos, sistemas de agua y ríos y quebradas, presentan una o más inconsistencias.

Por ejemplo, hay errores en la ubicación imprecisa (33), condiciones que podrían resultar en inviabilidad (11) como ubicación en propiedad privada o en zonas protegidas; proyectos ya construidos con otros fondos (7); incorrecta clasificación del tipo de proyecto (2); obras incluidas en otro proyecto (1); proyecto con nombre no acorde con las obras a realizar (3); y proyecto duplicado (1).

Además, la CGR constató que 41 proyectos visitados no han comenzado con la construcción de las obras, pero según la base de datos de la CNE, dichos proyectos tienen fecha de orden de inicio entre marzo y octubre de 2024. Asimismo, según la base de datos, 356 proyectos reportan avance físico, aunque se encuentran en etapas previas a la ejecución de obra, por ejemplo 162 casos en fase de preinversión.

La contraloría indicó que la CNE reportó en la base de datos 18 proyectos como eliminados y luego reactivó 11 de ellos sin justificación, a pesar de no haber establecido a la fecha un procedimiento para sustituir, modificar o incluir proyectos en el Programa.

También, agregaron que CONAVI indicó que existen 8 proyectos de peligro inminente que deben ser excluidos del PROERI, sin embargo dichos proyectos se encuentran activos en la base de datos e incluso 2 de ellos registran un número de contratación asociado en el Sitio Web E-Proeri.

El informe detalla:

"Dichas situaciones han provocado retrasos en la ejecución del programa en relación con los proyectos de peligro inminente, cuyo plazo según Acuerdo de Junta Directiva de la CNE debe ejecutarse en 18 meses. A la fecha han transcurrido 8 meses y únicamente un proyecto de peligro inminente se encuentra en etapa de ejecución de obra de los 298 de la cartera. Además, al menos 155 proyectos han sufrido reprogramaciones en su fecha de inicio, que van desde un mes hasta 17 meses; considerando que la CNE pretende ejecutar 394 proyectos en 2025". 

Lo que sigue

La contraloría dispuso a la CNE ajustar el Reglamento Operativo del PROERI para que incorpore los controles operativos sobre las funciones del Organismo Ejecutor Coordinador y Organismos Ejecutores se encuentren en concordancia con la Ley que rige el programa y lo indicado en el contrato de préstamo con el BCIE. Adicionalmente ordenaron implementar los mecanismos de control que permitan regular la figura de peligro inminente, verificar los costos y efectuar los pagos de dichos proyectos.

Por último la Contraloría pidió establecer un mecanismo que defina los controles necesarios para garantizar la estandarización, confiabilidad y actualización de la información, así como revisar y ajustar la cartera de proyectos de PROERI.