Montos no cobrados afectan las finanzas institucionales de la CCSS y por ende su sostenibilidad, alertó la Contraloría.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un nuevo informe en el que señaló que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejó de cobrar ¢1,62 billones correspondientes a las obligaciones que el Estado facturó del 2020 al 2023.
En ese período, la Caja únicamente cobró el 44% del monto facturado que corresponde a ¢2,89 billones, esto provoca que el remanente se acumule en el tiempo y se generaran intereses moratorios de ¢323.557,66 millones. La información se desprende del documento DFOE-BIS-IAD-00009-2024 que emitió la CGR el pasado 12 de diciembre.
El trabajo tuvo como objetivo determinar si el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con la CCSS cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable.
"Actualmente los datos de la CCSS muestran un comportamiento creciente en las cifras que el Estado le ha dejado de pagar en su rol de responsable de la universalización de la seguridad social (no como patrono)", detalló la CGR en el documento.
Para el periodo 2020-2023, los saldos que no se han cobrado o se han dejado de pagar, crecieron 106,6%, alcanzando un monto de ¢3,6 billones a finales de 2023, que en perspectiva, equivale a un 7,3% del PIB y casi un 30% del Presupuesto Nacional para ese año, lo cual afecta las finanzas institucionales y por ende su sostenibilidad, alertaron.
31El análisis consideró la revisión de las acciones ejecutadas por la CCSS desde el momento donde se factura la obligación hasta la recepción de los recursos, en rubros que afectan tanto el Seguro de Salud como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Se determinó que “la CCSS incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza, según los términos establecidos en los criterios de esta auditoría”.
La Contraloría indicó que existen conceptos por los cuales la CCSS no recibió recursos sobre las facturas emitidas en los años indicados, entre ellos sobresale el caso por el concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado” (ACE), sobre el cual la CCSS aún no recupera los recursos facturados desde 2020 y cuyo monto asciende a ¢437.430,33 millones.
Además, determinó que la CCSS no implementa el cobro administrativo en su totalidad de acuerdo con el procedimiento aplicable. Es así que no emite y notifica avisos de cobro, no eleva a los altos niveles los casos a cobro para valorar acuerdos de pago y omite la conformación del expediente; únicamente emite facturas y certifica las deudas como insumo del informe de deuda dirigido al Ministerio de Hacienda, que es remitido mensualmente a esa instancia, detallaron.
Asimismo, la CGR indicó que la CCSS no implementa el cobro judicial para todos los casos (únicamente se tiene un caso en proceso de cobro judicial iniciado en el 2023, que representa un 2,03% del total facturado en ese año). Tampoco remite facturas de los montos que debe cobrar mensualmente al Estado por el “Traspaso del primer nivel de atención” y únicamente lo suma al registro de la deuda acumulada por este concepto.
La CGR indicó los problemas se generan principalmente porque la CCSS se concentra en la suscripción de un convenio con el Ministerio de Hacienda, sin que a la fecha se haya logrado, dejando de lado el cobro de las sumas no recuperadas del 2019 a la fecha mientras los saldos pendientes de pago por parte del Estado siguen aumentando.
La CCSS tampoco ha delimitado roles y responsabilidades de las instancias internas que intervienen en la determinación de los montos sujetos a cobro.
Por otra parte, se evidenció que la emisión de las facturas por parte de la CCSS para el cobro de las obligaciones del Estado presenta atrasos de hasta más de cuatro meses en algunos conceptos como Paternidad Responsable, Leyes Especiales, Código de la Niñez y la Adolescencia, Cuota Estatal y Asegurados por el Estado, lo cual contribuye al no pago de las mismas.
Además, no definen oficialmente los responsables de remitir las facturas, los destinatarios y la fecha de remisión, lo cual afecta la claridad del proceso e influye en un aumento de los costos de transacción.
Finalmente, en cuanto a la gobernanza, la Contraloría determinó que la CCSS no cuenta con objetivos y metas claras y medibles sobre el proceso de cobro de las obligaciones del Estado; además no desarrolla actividades periódicas de evaluación y seguimiento sobre este proceso, mientras que tampoco tiene mecanismos de coordinación entre las partes ni rendición de cuentas a las gerencias vinculadas y a la ciudadanía.
Agregaron que la CCSS no define dentro del procedimiento los roles de las unidades que intervienen la determinación de los montos, el momento de registro de la cuenta por cobrar y a partir de cuando suman intereses.
¿Qué propone la CGR?
Dispone a la CCSS actualizar e implementar el Procedimiento para la Gestión de las deudas del Estado con la CCSS para que se incluyan y ejecuten todas las actividades de control que aseguren su implementación y se definan los roles y responsabilidades de las unidades que intervienen en determinar montos a facturar, el plazo del trámite, el momento de registro de la cuenta por cobrar y el momento en que rige la suma de intereses.
Asimismo insta a implementar el cobro por la vía administrativa y judicial, según corresponda, de todos los conceptos objeto de pago por parte del Estado, de conformidad con la determinación de los montos que efectúe la CCSS. También, definir e implementar un procedimiento para la gestión de la facturación de las obligaciones del Estado.
Por último, se dispone establecer metas y objetivos de corto y mediano plazo, así como actividades periódicas de seguimiento, evaluación, coordinación entre las partes y rendición de cuentas, en el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con la CCSS.
