Colegio afirmó que tomarán todas las acciones legales pertinentes para impugnar el decreto, ya que pone en peligro la inocuidad alimentaria del país.
El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (COLVET) solicitó la apertura de un proceso contencioso administrativo sobre el decreto 44394-MAG, el cual entró en vigor el pasado domingo 1 de diciembre. El Colegio busca evidenciar una serie de afectaciones que se generarán y comprometerán la salud pública de las personas costarricenses. Entre estos se ubican el incremento de los costos operativos para los mataderos y las familias que dependen de esta actividad, así como un posible aumento en los precios de los productos cárnicos y embutidos, entre otros.
Dicho decreto del Poder Ejecutivo establece que aquellos establecimientos dedicados al sacrifico de animales de cualquier especie, deberán formalizar la oficialización de un médico veterinario y contactar al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) o la Cámara Nacional de Avicultores (CANAVI), organizaciones que se convertirán en los nuevos patronos de los médicos veterinarios que trabajen en lugares de matanza, asumiendo el pago de sus servicios y jornadas laborales, entre otros.
La presidenta del COLVET, Dra. Silvia Coto, explicó:
Esta decisión del Gobierno de la República incrementa aproximadamente en un 60% los costos de funcionamiento de aquellas empresas que exportan producto a otros países, debido al pago de “costos administrativos” a OIRSA o a la CANAVI por los servicios de veterinarios oficializados e inspectores de inocuidad. Para el caso de las empresas cuyo producto es para consumo local, tendrán que eliminar la figura del médico veterinario Regente, es decir, el responsable del manejo técnico y científico del negocio y su actividad. Asimismo, le quita al Colegio de Médicos Veterinarios su rol de velar porque estos regentes cumplan a cabalidad su función y protejan a la ciudadanía. El “ahorro o simplificación de trámites” (como desean hacerlo ver para los productores), no puede ser realizado a costas de la salud de los costarricenses, ni tampoco encareciendo el producto que el consumidor lleva a su mesa”.
Además, desde el colegio adujeron que "el decreto deroga, sin potestad legal para hacerlo, varios artículos relacionados con la regulación COLVET". Anteriormente, la Ley Orgánica del COLVET disponía que los establecimientos debían contar con regentes médicos veterinarios bajo la dirección de este ente estatutario. Sin embargo, con la derogación de los artículos 100 y 102-107, tanto las figuras de los regentes como las funciones de fiscalización del Colegio desaparecen sobre dichos establecimientos y los médicos veterinarios responsables.
Coto agregó:
El ejercicio profesional de una regencia solamente se materializa en el establecimiento: no hay forma de fiscalizar a un profesional, fuera del lugar donde desarrolla su ejercicio profesional de regentar. Por tanto, este decreto debilita la figura de las regencias médico-veterinarias en la industria agroalimentaria y otros sectores. Merma la responsabilidad científica y técnica del manejo que se haga en gran parte del sector veterinario y, por ende, vulnera la seguridad que pueden ofrecer los médicos veterinarios a la población a través de la inocuidad de los alimentos y los productos que provienen de mataderos y plantas que industrializan los alimentos de origen animal”.
Según el criterio del Colegio, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) no debería delegar a terceros aquellas competencias que le son otorgadas por Ley.
Y finalmente, desde el COLVET indicaron que el decreto "pone en peligro las condiciones laborales de los médicos veterinarios en la Agroindustria". El Colegio expresó su profunda preocupación en torno a que con la designación de un organismo internacional como “patrono”, se corre el riesgo de indefensión de los profesionales en Medicina Veterinaria que laboran en la industria de alimentos.
Este decreto pretende hacer que las plantas le paguen a un organismo internacional para que éste sea quien contrate a los médicos veterinarios, encareciendo el servicio mientras cobran hasta un 60% aduciendo costos administrativos, yendo tanto en detrimento del productor, del precio final al consumidor y dejando potencialmente desprotegido laboralmente al médico veterinario. Ante lo anterior, pareciera que el único beneficiado es el organismo que funciona como contratante. El COLVET se opone a lo anterior, ya que al convertirse ese ente internacional en el patrono de esos médicos veterinarios pone en riesgo la capacidad de defender sus derechos laborales ante posibles incumplimientos de la legislación laboral costarricense e impunidad, como ya ocurrió alguna vez en el pasado con este mismo organismo”.
Finalmente, la presidenta del COLVET culminó indicando que "tomaremos todas las acciones legales pertinentes para impugnar el decreto 44394-MAG. Estamos muy preocupados por lo que este decreto puede significar para la salud pública, la economía y la industria alimentaria. La figura de la regencia de los médicos veterinarios es lo que ayuda a garantizar la salud pública, la seguridad y la seguridad alimentaria del país”.
