Quiero hablarles desde el corazón, porque el tema que traigo me toca profundamente. Cada vez escuchamos más historias de personas mayores y de personas con alguna discapacidad que son estafadas por gente sin escrúpulos, aprovechándose de su buena fe, su confianza, o incluso de su falta de familiaridad con la tecnología. Y esto no es algo que deberíamos permitir en nuestro país.
Como diputada y como ciudadana (fui criada por mi abuelita y crecí entre adultos mayores), siento una gran responsabilidad de velar por la seguridad de estas personas, así como también debemos pensar en las personas con discapacidad cognitiva. Son nuestros abuelos, padres, vecinos y amigos, y muchos de ellos han dedicado toda una vida a construir y contribuir a nuestra sociedad. Sin embargo, hoy se ven cada vez más en riesgo, convertidos en blanco fácil para personas sin escrúpulos que buscan estafarlos y aprovecharse de su confianza y, a veces, de su desconocimiento en temas digitales.
Con esto en mente, presenté el proyecto de ley para modificar los artículos 216 y 217 Bis de nuestro Código Penal (expediente 24.359). ¿Qué significa esto?
Básicamente, proponemos aumentar las penas para quienes cometan fraudes, en especial fraudes informáticos, cuando la víctima sea una persona adulta mayor o alguien con discapacidad cognitiva. En términos sencillos, queremos hacer que estafar a una persona de estas características tenga consecuencias legales más fuertes y más serias, que les duelan a los estafadores y que disuadan a otros de cometer estos abusos.
¿Por qué es urgente hacer esto? La realidad es alarmante. En Costa Rica, cada año miles de personas caen en trampas de estafadores que usan llamadas telefónicas, mensajes y redes sociales para engañar y manipular.
Las cifras son escalofriantes: solo en el 2023, el Poder Judicial y el OIJ recibieron más de 9,000 denuncias de estafas informáticas. Y estos son solo los casos reportados; muchos otros quedan en silencio, ya sea por vergüenza o porque las víctimas no saben cómo proceder. Lo más triste es que la mayoría de estas estafas se hacen desde cárceles, con estafadores que usan trucos psicológicos y tácticas de manipulación para engañar a personas que confían en los demás.
De hecho, como parte de las consultas realizadas para este proyecto de ley, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que estas poblaciones están especialmente expuestas a ser víctimas de delitos debido a su facilidad para ser influenciadas por personas con experiencia en actividades delictivas.
Desde mi posición de presidenta de la Comisión de Discapacidad y Adulta Mayor, quisiera que quienes piensen en aprovecharse de una persona mayor o de alguien con discapacidad cognitiva sepan que el precio de ese delito será alto. Este cambio en el Código Penal busca proteger a quienes, por distintas razones, son más vulnerables a caer en estas trampas.
Envejecer no debería significar volverse más vulnerable a abusos y fraudes; al contrario, debemos garantizarles a nuestros mayores una vida tranquila y segura. Tampoco debemos permitir que personas con alguna discapacidad cognitiva sean un blanco fácil para los delincuentes. Ellos, como cualquier ciudadano, merecen protección y respeto.
Este proyecto de ley representa un paso concreto en la dirección correcta, pero también invito a la ciudadanía a estar alerta, a informarse y a proteger a quienes puedan estar más expuestos a estas prácticas. Si tienen algún familiar adulto mayor o conocen a alguien que pueda estar en riesgo, háganles saber los cuidados que deben tener en el mundo digital y frente a llamadas sospechosas.
Si bien es cierto que solo con leyes no se construye un pais, sí que este proyecto de ley puede poner en conversación este tema importante. Como diputados, debemos hacer y mejorar leyes, pero también debemos hablar sobre estos temas, crear cultura en este sentido y empezar el cambio desde nuestra comunidades y familias; concientizar y colaborar para que estas poblaciones vulnerables no sufran mas estafas.
Al final, lo que buscamos con este cambio no es solo endurecer una ley, sino hacerle frente a una realidad que nos duele como sociedad. Es una manera de decir: aquí cuidamos a los nuestros. Es entender que la justicia no es solo un ideal distante.
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