El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que no es posible obligar al exministro Luis Amador Jiménez a comparecer ante la Comisión Especial del Congreso en materia de infraestructura, ya que se encuentra fuera del país y las herramientas coercitivas de las que dispone el Congreso solo pueden aplicarse dentro de Costa Rica. Esta aclaración se presentó en un informe detallado emitido este lunes en respuesta a una consulta hecha por los diputados que encabezan ese foro parlamentario.

El documento, del cual Delfino.cr tiene copia, señala que de acuerdo con el artículo 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cualquier persona convocada por una comisión legislativa está obligada a comparecer, y en caso de renuencia, la Fuerza Pública puede intervenir para llevar al citado a la audiencia. Sin embargo, esta potestad coercitiva tiene un alcance limitado al territorio nacional. "No hay posibilidad de que la Comisión pueda obligarle a comparecer por medio de la Fuerza Pública, ya que dicha facultad está reservada para ejercerse dentro de Costa Rica, pues es un tema de jurisdicción nacional", aclara el informe.

La Comisión Especial, cuyo objetivo es analizar y proponer reformas legales relacionadas con el desarrollo de infraestructura y que tiene abierto una investigación sobre el papel que jugó Amador en la polémica adjudicación de la empresa MECO para reparar la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Guanacaste, convocó al exministro para rendir cuentas sobre su gestión y posibles irregularidades en proyectos estratégicos de infraestructura.

Amador ya dejó una vez plantada a la comisión, luego que fuera citado mientras se encontraba en el país testificando en el Ministerio Público, pero abandonara territorio nacional rápidamente, con destino a Canadá, donde trabaja en una universidad. Este lunes el jefe del Partido Liberal Progresista, Luis Diego Vargas, quien además preside la comisión, señaló en un comunicado de prensa que Amador no atendería presencialmente el segundo llamado que se le hizo para declarar bajo juramento.

El informe de Servicios Técnicos, elaborado por la asesora parlamentaria Algiérie Vanessa Ugalde Chavarría y revisado por la jefa de área Llihanny Linkimer Bedoya, detalla también las limitaciones del marco jurídico internacional. La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, a la que Costa Rica está suscrita, no se aplica en este caso, ya que solo es pertinente para procesos civiles o comerciales. "Una moción de comparecencia aprobada por una comisión legislativa no podría ser considerada como un documento con el que se pueda tramitar un exhorto", señala el informe, subrayando que el Congreso no es un órgano jurisdiccional y carece de competencias para ejecutar tales solicitudes en el extranjero.

La posibilidad de recurrir a canales diplomáticos también fue evaluada y descartada como ineficaz. Según el Manual de Trámites Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la asistencia consular se limita a gestiones como trámites migratorios, notificaciones de documentos judiciales y solicitudes de antecedentes penales, pero no contempla la ejecución de convocatorias políticas legislativas.

Pese a estas limitaciones, Servicios Técnicos propuso una alternativa: la comparecencia virtual, amparada en el artículo 32 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. "La comisión sí tendría la posibilidad de aplicar el ordinal 32 bis del Reglamento y habilitar una comparecencia virtual", sugiere el informe, reconociendo que esta sería la única forma de lograr la colaboración de Amador sin infringir las disposiciones legales. Los miembros de dicha comisión han rechazado en ocasiones previas hacer la comparecencia de manera remota, alegando que Amador debe "dar la cara" en el país.

El criterio técnico también recordó que las comisiones de la Asamblea Legislativa, si bien tienen poder para ejercer control político y solicitar información relevante a particulares y exfuncionarios, deben respetar las garantías constitucionales y no pueden equiparar sus procedimientos con los de un tribunal de justicia.

Breves

— El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, enfrentó este lunes críticas de diputados de distintos partidos en el plenario, debido a los efectos de la política monetaria en el tipo de cambio y su influencia en la economía nacional. Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista, acusó al Banco Central de priorizar el tipo de cambio por encima de la inflación. Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional, también expresó preocupación por la volatilidad del dólar e insinuó una coordinación del BCCR con el Gobierno Central para mantener un tipo de cambio favorable. Madrigal rechazó las acusaciones de que el Banco Central tenga un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para mantener un nivel específico del tipo de cambio y añadió que ese indicador refleja el éxito del país en la atracción de inversión extranjera y turismo.

Proyectos dictaminados

Este lunes no se reportaron proyectos dictaminados en las comisiones.

Leyes publicadas

Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.