El pasado 14 de noviembre, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó un extenso informe de 176 páginas que aborda la situación en Gaza, destacando riesgos potenciales de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio. El documento se centra en el impacto de las acciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y plantea una serie de llamados a la acción para prevenir futuras violaciones al Derecho Internacional.
El informe señala cómo los desplazamientos forzados de palestinos, provocados por las operaciones militares israelíes, representan un peligro significativo para la población civil. Estas acciones no solo han generado problemas de infraestructura, sino que también han puesto en riesgo la vida de miles de civiles, incluso en zonas designadas como "seguras" y rutas de evacuación. HRW cuestiona los métodos empleados que exponen a los civiles a mayores peligros.
Entre las principales preocupaciones expuestas en el informe se encuentra la posibilidad de que los desplazamientos forzados constituyan crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Asimismo, se destacan declaraciones de líderes políticos israelíes que sugieren políticas de limpieza étnica al proponer la expulsión de palestinos del enclave. Ante esto, HRW ha instado a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar con mayor profundidad los eventos ocurridos en Gaza.
Recomendaciones y llamados a la acción
HRW presentó una serie de recomendaciones dirigidas tanto a Israel como a otros actores relevantes en el conflicto. En el caso de Israel, la organización solicita detener los desplazamientos forzados, garantizar la seguridad de las personas desplazadas, restaurar los servicios básicos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. También se solicita a Egipto mantener abierto el paso de Rafah para permitir la entrada de palestinos que requieran atención médica y refugio, algo que hasta ahora ha enfrentado la negativa del gobierno egipcio.
Por su parte, la comunidad internacional es llamada a condenar los desplazamientos forzados, apoyar investigaciones sobre crímenes de guerra y suspender la cooperación militar con Israel hasta que este cumpla con las normas internacionales. Además, HRW sugiere la creación de un registro de daños para compensar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, un proceso que requeriría extensas investigaciones.
Si bien el informe no acusa explícitamente a Israel de genocidio, alerta sobre el riesgo de que ciertas acciones puedan eventualmente violar la Convención sobre Genocidio. Sin embargo, algunos medios de comunicación han interpretado de manera errónea esta advertencia, afirmando que HRW acusó a Israel de genocidio, lo que ha contribuido a la desinformación en un conflicto donde las narrativas sesgadas son comunes.
El impacto de la desinformación
Un ejemplo destacado de desinformación en este contexto fue el caso del presunto bombardeo israelí al hospital Al Ahli en Gaza, donde se reportaron inicialmente cientos de muertos. Posteriormente, se confirmó que no hubo un ataque israelí ni tantas víctimas fatales, pero el evento sigue siendo citado como un hecho real en algunas plataformas, incluida Wikipedia. Esto demuestra cómo las narrativas falsas persisten y son utilizadas como herramientas en conflictos, contribuyendo a la confusión y a la manipulación de la opinión pública.
Responsabilidades de todas las partes involucradas
El informe de HRW también señala las acciones de Hamas y otras organizaciones palestinas en el conflicto. Acusa a estos grupos de ataques indiscriminados contra civiles israelíes, asesinatos masivos y el uso de zonas densamente pobladas para operaciones militares, lo que aumenta los riesgos para la población civil palestina. Asimismo, se les señala por crímenes de guerra, incluyendo incursiones armadas en territorio israelí que han resultado en violaciones graves a los derechos humanos, como asesinatos y toma de rehenes. Estas acciones contravienen la Convención de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.
Israel, por su parte, ha rechazado las acusaciones, argumentando que los desplazamientos de palestinos son medidas temporales diseñadas para minimizar los riesgos de daños colaterales mientras se combate a Hamas en áreas urbanas densamente pobladas. Según las autoridades israelíes, estas evacuaciones son necesarias para salvaguardar vidas civiles y neutralizar amenazas de grupos armados.
Sin embargo, las críticas persisten, particularmente hacia ciertos políticos de derecha en el gobierno de Netanyahu, cuyas declaraciones han sido interpretadas como favorables a la limpieza étnica. Israel sostiene que estas opiniones no reflejan una intención oficial de asentamiento permanente en Gaza y asegura que cualquier decisión importante requiere consenso nacional.
El papel de la ayuda humanitaria
En cuanto a la ayuda humanitaria, Israel ha destacado las medidas implementadas a través de su agencia de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). Según informes, se han permitido envíos de alimentos, agua y gas a Gaza. Por ejemplo, el 11 de noviembre, 125 camiones de ayuda humanitaria ingresaron a través de los pasos fronterizos de Kerem Shalom y Erez, con prioridad para las áreas más necesitadas en el norte de la Franja. También se han reportado transferencias de gas de cocina y el funcionamiento de panaderías que producen millones de pitas diarias.
Israel rechaza las acusaciones de utilizar alimentos como arma de guerra, aunque admite restricciones ocasionales para evitar que los suministros caigan en manos de grupos radicales. Además, asegura que sus ataques están dirigidos únicamente a objetivos militares, incluyendo infraestructura utilizada por Hamas, en línea con el principio de legítima defensa.
Un camino largo hacia la justicia
Determinar si las acciones en Gaza constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad será un proceso prolongado. Los casos presentados ante la CPI se centrarán en individuos, no en estados, lo que subraya la necesidad de informar con precisión sobre este conflicto complejo. En un contexto donde las retóricas políticas y narrativas desinformativas predominan, resulta fundamental que los medios de comunicación ejerzan un periodismo responsable y eviten interpretaciones inadecuadas que distorsionen la realidad en el terreno.
El conflicto palestino-israelí sigue siendo un desafío significativo para la comunidad internacional, no solo por la magnitud de la crisis humanitaria, sino también por las complejidades legales y éticas que plantea. El informe de HRW es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la acción colectiva para proteger los derechos humanos en medio de uno de los conflictos más prolongados y controvertidos del mundo.
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