El gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley "Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas". La iniciativa busca suprimir dicha cartera ministerial y distribuir sus competencias y órganos adscritos a otros ministerios, con el objetivo —según el gobierno— de optimizar la gestión pública y los recursos estatales.

Según la exposición de motivos del proyecto, que se tramitará bajo el expediente 24.719, el Ministerio de Gobernación y Policía ha perdido progresivamente sus competencias esenciales desde la creación del Ministerio de Seguridad Pública en 1973, pues las responsabilidades de seguridad, tranquilidad y orden público han recaído mayoritariamente en esta última cartera, dejando al Ministerio de Gobernación y Policía con un papel reducido y sin un marco competencial definido.

Este ministerio ha perdido su razón de ser y es posible reorientar sus competencias, recurso humano, físico y financiero a otras instituciones existentes, lo cual permitirá que las tareas que se le designaron originalmente sean ejecutadas con mayor claridad y con mayor precisión de responsabilidades, y con ello se posibilitará una orientación estratégica más precisa, ágil y eficiente de los recursos y la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo".

El informe también señala que el ministerio opera como un "cascarón" administrativo, donde únicamente la Oficina Nacional de Control de Propaganda se considera una dependencia sustantiva. Además, el 80% de su presupuesto se destina a órganos desconcentrados como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Imprenta Nacional, que tienen mayor capacidad operativa que el propio ministerio.

El proyecto de ley propone redistribuir las funciones y órganos desconcentrados del Ministerio de Gobernación y Policía de la siguiente manera:

  • Ministerio de Seguridad Pública: Recibirá a la DGME y al Tribunal Administrativo Migratorio, consolidándolos como órganos desconcentrados con independencia funcional. Además, asumirá las competencias migratorias y de seguridad relacionadas.
  • Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán): Será el nuevo ente rector de Dinadeco, reorientándola hacia el desarrollo económico comunitario.
  • Ministerio de la Presidencia: Se hará cargo de la Imprenta Nacional.

El documento destaca que, para 2023, el ministerio administró un presupuesto de ₡10.193 millones, de los cuales ₡8678 millones se destinaron a los órganos desconcentrados.

Según el gobierno, Dinadeco podría aprovechar la experiencia de Mideplán en planificación y desarrollo regional, mientras que la Imprenta Nacional ganaría capacidad operativa al vincularse con el Ministerio de la Presidencia.

La propuesta incluye reformas a múltiples leyes para reflejar el cierre del ministerio y la reasignación de sus competencias. Entre ellas destacan la Ley General de Migración y Extranjería, la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad y la Ley de la Imprenta Nacional.

De aprobarse a como lo propone el Ejecutivo, la Dirección General de Migración y Extranjería se convertiría en un órgano de desconcentración mínima y el Tribunal Administrativo Migratorio sería un órgano de desconcentración máxima, ambos del Ministerio de Seguridad Pública; la Imprenta Nacional sería un órgano de desconcentración mínima del Ministerio de la Presidencia; y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad sería un órgano desconcentrado mínimo del Mideplán.

Como consecuencia, también se suprimirían la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería como órganos desconcentrados, siendo sus competencias asumidas por la Dirección General de la Imprenta Nacional y la Dirección General de Migración y Extranjería respectivamente, excepto aquellas que le corresponden al jerarca o sean propias del ministerio al que pertenecen.

Breves

— El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, por unanimidad, el presupuesto ordinario para 2025, por un monto de ₡12,4 billones, destacando incrementos en educación y seguridad impulsados por la oposición, pero con cuestionamientos al gobierno por descuidar sectores prioritarios. El proyecto incorporó ₡26.331 millones para primaria y secundaria, ₡10.360 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y ₡17.048 millones destinados a combatir el crimen organizado.

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Nombramientos dictaminó afirmativamente el expediente 24.693 "Ratificación del señor Manuel Antonio Ureña Castro como integrante de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)".

Leyes publicadas

Este lunes no se publicaron nuevas leyes en el diario oficial La Gaceta.