En la última década, el auge de la gentrificación ha sido notorio y también lo ha sido su impacto socioeconómico en varios países, Costa Rica no ha sido la excepción.

Este fenómeno, que consiste en la renovación de una zona urbana acompañada del desplazamiento de pobladores locales por la llegada de extranjeros con un mayor poder adquisitivo, ha traído repercusiones significativas para las comunidades costarricenses, donde las zonas costeras resultan especialmente vulnerables y, pese a ello, existe poco conocimiento del tema entre los habitantes.

La globalización, junto a la tan vendida imagen de Costa Rica como “paraíso tropical”, han colocado al país entre uno de los destinos preferidos de vacacionistas, nómadas digitales y jubilados, en su mayoría estadounidenses y europeos. Aunque el turismo es fundamental para la economía tica, la estancia prolongada de extranjeros en el país impacta directamente al costo de vida de los nacionales.

Los principales problemas que surgen alrededor de la gentrificación son la desposesión de tierras y el desplazamiento de los residentes naturales, ya que la estancia de los extranjeros ha disparado los precios de alquiler y vivienda. El Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega de la Universidad Nacional revela que de 2020 a 2023 los precios de las propiedades en la zona costera de Guanacaste aumentaron hasta un 400%, respecto a la inflación inmobiliaria.

Los locales también se enfrentan a cubrir gastos básicos de alimentación y transporte que son especialmente altos en las zonas más turísticas. En general, la gentrificación provoca un aumento repentino en el costo de vida que, de no poder cubrirse, afecta el bienestar de los habitantes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 2023 la Región Chorotega (Guanacaste) presentó una tasa de pobreza extrema de 6,8%; mientras que la tasa de pobreza fue de 24.2%. Los altos precios en la zona agravan la situación de personas en vulnerabilidad económica y, al provocar el incremento de los precios, la gentrificación aporta al aumento de la pobreza.

Sin embargo, sería incorrecto plantear que la estancia de extranjeros en el país solo implica problemas. En los últimos años, Costa Rica se ha consolidado como una economía del sector terciario, por lo que depende en gran medida del turismo; según el Instituto Costarricense de Turismo esta actividad representó un 4,8% del PIB (efecto directo) en 2019. Además, el desarrollo industrial y las construcciones en las zonas costeras, muchas veces financiados por extranjeros, generan oportunidades de empleo para cientos de locales y a su vez atrae capital al país. Solo para 2022, 3.131,3 millones de dólares entraron al país por turismo.

Ante la disyuntiva entre el bienestar social en las zonas costeras y la estabilidad económica del país que surge alrededor de la gentrificación, el papel de la población es la clave para disminuir los efectos que sufren los locales. El primer paso para enfrentar este fenómeno es informar a la ciudadanía, exponiendo a detalle el tema, su importancia y sus implicaciones para los nacionales. Es necesario, además, mostrar apoyo a las comunidades de estas zonas, comprando a pequeños negocios locales y buscando medios para fortalecer la identidad cultural local.

Es cierto que Costa Rica no puede regular fuertemente la entrada de extranjeros al país por el impacto que esto tendría en la economía, pero tampoco debería comprometer el bienestar de sus habitantes a costa de intereses externos. Por este motivo, una planificación urbana inclusiva es fundamental en las zonas costeras, para considerar y priorizar las necesidades de los locales en los procesos de renovación urbana que parecen inevitables. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos mantenernos informados y, de esta forma, comprender que la gentrificación es un dilema que involucra a toda la población.

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