Propuesta de Antonio Ortega integra el concepto de "Caudales Ecológicos" al Código de Minería.
Con el objetivo de garantizar una protección efectiva de las comunidades, las fuentes de agua y la biodiversidad frente a actividades mineras excesivas y desproporcionadas en los cauces de los ríos, el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, con el respaldo de su bancada, presentó el expediente #24.722, Ley para Integrar el concepto de “Caudales Ecológicos” que reforma el Código de Minería.
El legislador explicó que el concepto de Caudales Ecológicos “se ha incluido en normas de varios países ante la necesidad de proteger los causes pluviales y de defender los derechos de las comunidades cuyas vidas y actividades económicas giran en torno a estos.”
Entre otras reformas, la propuesta de ley presentada hoy prohibirá dar permisos de concesión minera a las personas físicas o jurídicas que se encuentran bajo investigación del Ministerio Público y se limitará la cantidad de permisos en zonas colindantes que pueda tener una sola persona, o sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad.
También establecerá la obligatoriedad, antes de conceder dichos permisos, de contar de previo con un criterio técnico científico que garantice la preservación del equilibrio ecológico y el bienestar de las comunidades cercanas al proyecto.
Además, se establecen plazos de concesión de diez años y una única prórroga de cinco años (actualmente existen prórrogas de cinco años hasta completar los 30 años). Además se obliga a que la Dirección General de Minería consulte a la municipalidad respectiva y esta a la comunidad previo a ambas situaciones.
“Todo el proceso de dar permisos y prórrogas mineras en los ríos será prioridad la participación y la venia de la comunidad, las estrategias de mitigación ambiental y adaptación al cambio climático, además de planes de remediación ambiental y restauración, tanto del ecosistema como del paisaje”, destacó el legislador frenteamplista.
Previo a la presentación de esta propuesta, se destacó que las comunidades de Guatuso, el cantón central de Puntarenas, Buenos Aires de Puntarenas y Cóbano en múltiples ocasiones han señalado que los cauces de ríos como Guacimal, Frío, Lagartos, Ario, Barranca, y Abangares están siendo sobreexplotados.
Para la Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas “los quebradores están acabando con los ríos, la biodiversidad y nuestras comunidades, no sabemos qué pasa con las instituciones como Minae que deben velar por el cuido de los ríos pero más bien, cada vez otorgan más concesiones” .
Cambios significativos en los caudales, la creciente sedimentación tanto en los ríos como en manglares, los impactos socioeconómicos, ambientales y culturales e irregularidades identificadas por las comunidades alrededor de la extracción de materiales en los ríos, son indicadores que propiciaron un trabajo colaborativo en conjunto con el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, instancia que acompañó la construcción de este proyecto de ley.
Al respecto, Dylanna Rodríguez, docente de Kioscos Socioambientales, comentó:
Los quebradores han pasado muy desapercibidos a pesar de tener un impacto directo sobre los territorios y los bienes comunes de la naturaleza. Las comunidades han sido vigilantes y denunciantes de prácticas extractivas irregulares, sin embargo, mediante investigación y revisión documental, hemos identificado que el código de minería vigente requiere una intervención ya que parece no regular adecuadamente esta actividad”.
Las organizaciones ven con gran preocupación que si se continúa operando como hasta ahora y en el marco del cambio climático una crisis hídrica está por verse muy pronto, por eso, resaltan que ahora es cuando se debe procurar que toda actividad que dependa de la naturaleza sea cuidadosamente regulada, sin excepción.
En el anuncio del proyecto participaron Ríos Vivos, Alianza de comunidades por la defensa del agua, FECON, CoecoCeiba Amigos de la tierra, Bloque Verde, Movimiento de Resistencia y Formación, Asada de Judas de Chomes, Frente Eco Cipreses y Fracción Legislativa del Frente Amplio.
La iniciativa también contó con el apoyo de la diputada oficialista Luz Mary Alpízar Loaiza. Ahora el expediente se encuentra pendiente a que se le asigne una comisión para su estudio.