Iniciativa pretende frenar "congelamiento" de personal técnico por expresar criterios profesionales que puedan incomodar a sus superiores.
La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Cynthia Córdoba Serrano, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.686) que pretende proteger a las personas funcionarias públicas de que sean “congeladas” de sus puestos o responsabilidades por emitir criterios técnicos que vayan en contra de los intereses de sus superiores.
El proyecto define que el “congelamiento” se da cuando “la persona funcionaria pública es apartada, marginada o despojada de sus responsabilidades técnicas o laborales, sin una justificación válida, debido a la emisión de criterios técnicos que no resultan del agrado de su superior”.
La exposición de motivos de la iniciativa de ley justifica la necesidad de proteger a las personas funcionarias señalando que:
Muchas veces las personas funcionarias públicas son marginadas o apartadas de sus funciones por emitir criterios técnicos que resultan incómodos para sus superiores o autoridades”.
El texto añade que este “congelamiento” atenta contra la libertad técnica de las personas funcionarias, así como contra “su dignidad y derechos laborales, al convertirlos en figuras decorativas sin posibilidades de realizar las funciones para las cuales fueron designados, además de la indeseable exposición pública que se hace”.
El proyecto propone que la reasignación de funciones dentro del Estado deba cumplir los criterios:
- Que las nuevas funciones asignadas correspondan con el perfil profesional y/o la atinencia de la persona funcionaria pública.
- Que exista una justificación fundada, por escrito, de la necesidad de reasignar la persona funcionaria pública.
- Que se respete el debido proceso en cualquier decisión que afecte los derechos laborales de la persona funcionaria pública.
Adicionalmente, el texto propone que aquellas personas que desempeñen funciones técnicas o especializadas en el sector público no podrán ser removidas de sus funciones por razones "que no estén directamente relacionadas con el desempeño objetivo de sus tareas" a menos que exista mutuo acuerdo o razones justificadas que lo ameriten.
La iniciativa de ley propone que en caso de que un jerarca realice el “congelamiento” será sancionado “según lo establece el régimen del servicio civil y/o lo establecido en el Código de Trabajo según aplique para el sector público costarricense”.
Finalmente, el proyecto de ley propone que se establezca un canal confidencial e independiente dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) o el órgano pertinente, para que las personas puedan denunciar situaciones de “congelamiento”, y señala que en caso de que demuestren haber sido objeto de “congelamiento”, deberán ser reincorporadas a sus funciones originales o a otras de igual o superior relevancia técnica, dentro de un plazo de 30 días hábiles a partir de que se emita la resolución que así lo determine.
Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, de no ser convocado por el Poder Ejecutivo el proyecto deberá esperar hasta el 1 de febrero del 2025 para iniciar su trámite correspondiente.
