Proyecto propone la creación de un sistema de alerta que informe a la víctima si su agresor se encuentra dentro del perímetro restringido.

La diputada de Nueva República, Rosalía Brown Young, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.721) que pretende autorizar el uso de monitoreo electrónico, como parte de las medidas de protección que pueden otorgar las autoridades en casos de violencia doméstica.

El proyecto adicionaría un inciso r) al artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley 7586) para que las autoridades judiciales puedan otorgar el seguimiento electrónico en contra de la persona agresora “cuando el juez de violencia doméstica, basado en una evaluación de riesgo, determine que existe una amenaza significativa para la seguridad de la víctima”.

Adicionalmente, el proyecto establece que el Poder Judicial en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz deberán implementar un sistema de alertas mediante una aplicación móvil u otro medio tecnológico, para que las víctimas y las autoridades competentes sean notificadas en el momento en que el agresor se acerque a la víctima, y establece un plazo de 12 meses tras la entrada en vigencia de la ley para que este sistema sea implementado.

Según señala el texto presentado, en 2022 se registraron 1.399 casos de incumplimiento de órdenes judiciales de no acercarse a una persona que solicito medidas de protección, de esos casos 1.188 fueron hombres y 211 fueron mujeres, detalla el texto.

La exposición de motivos asegura que proyectos similares han sido implementados exitosamente para casos de violencia doméstica en otros países como Panamá, España, Argentina y Reino Unido y señala que esta reforma busca “prevenir la comisión de delitos que pueden llegar a acabar con la vida de la víctima que solicita medidas de protección ante violencia doméstica”.

El proyecto no establece una fuente de financiamiento para la implementación de la iniciativa, pero señala que el Poder Judicial deberá prever en su presupuesto anual las partidas necesarias para la implementación y sostenibilidad del sistema de seguimiento electrónico para casos de violencia doméstica.

La propuesta establece un plazo de 12 meses para que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz implementen el sistema de alerta que propone el proyecto.

El proyecto fue presentado con la firma de respaldo de congresistas de la bancada de Nueva República: Fabricio Alvarado Muñoz, José Pablo Sibaja Jiménez, Yonder Salas Duán, y Olga Morera Arrieta.

Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, de no ser convocado por el Poder Ejecutivo el proyecto deberá esperar hasta el 1 de febrero del 2025 para iniciar su trámite correspondiente.