Ente defensor monitorea acciones de atención interinstitucional ante emergencia nacional ocasionada por condiciones climáticas.

La Defensoría de los Habitantes comunicó el día de hoy que inició una labor de seguimiento a las acciones emprendidas por el Estado para la atención de la pasada emergencia nacional provocada por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron, principalmente, a las personas habitantes de Guanacaste, Puntarenas y Zona Sur.

Según el ente defensor, se realizaron diversas inspecciones a comunidades afectadas como Carrillo, Santa Cruz y Chacarita, y se estableció comunicación con personas líderes de territorios indígenas, instituciones y organizaciones de la Mesa Interinstitucional de Gestión de Riesgo, autoridades municipales, ingenieros del Consejo Nacional de Vialidad, entre otros.

También visitaron albergues, donde recibieron quejas sobre los criterios utilizados por las autoridades locales para ordenarles desalojar y regresar a sus viviendas, a pesar que sus casas no estaban aún en condiciones de ser habitadas o están ubicadas en zonas de riesgo. Asimismo, registraron que "la mayor disconformidad se manifestó en el albergue de Filadelfia de Carrillo, donde más de 200 familias fueron desmovilizadas entre el 19 y el 20 de noviembre anterior".

En esa misma línea, la Defensoría recibió información de que, en albergues con presencia de adultos mayores, no se disponía de pañales ni de productos alimenticios acordes con las necesidades de esa población, tales como sopas, atoles, jugos e insumos para dietas blandas en general, situación que fue denunciada con "especial intensidad" en el albergue de La Guinea de Carrillo. La representación de Conapdis en la región Pacífico Central informó sobre la insuficiencia, en los albergues, de los productos de apoyo que requieren las personas con discapacidad tales como sillas de ruedas y otros.

Adicionalmente, se subrayó que en cantones como Carrillo de Guanacaste, algunas instituciones clave para la atención de emergencias no cuentan con sede u oficina, sino que operan desde cantones vecinos y  por tanto su integración al Comité Municipal de Emergencias lo hacen como recargo y con menor regularidad que en los cantones en que sí tienen presencia; tal es el caso del IMAS, el PANI y el Inamu. Diversos actores institucionales subrayaron la necesidad de establecer protocolos a nivel regional, que clarifiquen las responsabilidades de cada entidad en la gestión de emergencias, señalando debilidades en el liderazgo y la asignación de roles.

La Defensoría agregó en su comunicado de prensa:

Esta emergencia sacó a relucir nuevamente el problema de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo, especialmente cercanos a ríos, laderas y zonas no aptas para albergar caseríos y viviendas. Esta situación remite a la falta de ordenamiento territorial motivada por la inexistencia de planes reguladores cantonales, como es el caso del cantón de Santa Cruz, uno de los más afectados por la emergencia. La emergencia también visibilizó la insuficiencia de recursos para conservación y mejoramiento de la red vial nacional que está a cargo de Conavi, con casos como el conocido en el cantón de Santa Cruz".

A la luz de lo anterior, la Defensoría instó al Conapam a participar de manera activa en el apoyo a las personas adultas mayores en albergues temporales, garantizando la provisión de productos esenciales como higiene personal, alimentos, medicamentos y otros suministros necesarios. Además, recomienda a la Comisión Nacional de Emergencias asegurar una planificación adecuada para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad en estos albergues temporales.

Asimismo, desde el ente defensor consideraron como crucial que la CNE establezca claramente los criterios de desalojo de las personas alojadas en albergues y que proporcione información clara, asertiva y oportuna tanto a las autoridades como a la población afectada, con el fin de preparar adecuadamente futuras desmovilizaciones.

Y por último, detallaron que "a la CNE se le recomendó además exhortar a los comités municipales de emergencias para que dispongan, como parte de sus protocolos de atención de albergues temporales, los canales y responsables de proveer información veraz y oportuna a las personas ingresadas. Clarificar y pronunciarse sobre el deber de ceder los centros educativos públicos para ser habilitados como albergues, e informar a la comunidad nacional sobre los criterios de distribución empleada para la provisión de alimentos a familias afectadas de manera indirecta por la emergencia, pero que no califican para ser albergadas, entre otras recomendaciones emitidas".