Comercios ilegales de licor afectan tranquilidad del territorio indígena de Boruca.
La Defensoría de los Habitantes le solicitó a las autoridades de la Municipalidad de Buenos Aires que adoptaran medidas contra la venta de licor en el territorio indígena de Boruca.
Dato D+: Según el artículo 6 de la Ley Indígena (N.º 6172), "ninguna persona o institución podrá establecer, de hecho o de derecho cantinas ni venta de bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente ley anula la actual posesión y concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas. Queda prohibido a los municipios el otorgamiento y traspaso de patentes de licores dentro de las mismas [...]".
El ente defensor informó que el caso fue presentado por un miembro del territorio indígena de Boruca, quien ha denunciado desde hace ocho años la presencia de comercios de venta de licor en su territorio. Asimismo, añadió que a pesar de que la Sala Constitucional ya había ordenado en el 2014 el cierre de estos comercios, la pandemia ocasionada por la propagación del COVID-19 propició su "reapertura descontrolada".
La Defensoría confirmó que, pese a operativos previos que incluyeron decomisos de licor, los comercios continúan operando. Adicionalmente, se determinó que nueve establecimientos vendían licor las 24 horas del día, generando ruido excesivo y afectando la tranquilidad de los habitantes del territorio.
"Esta situación en Boruca es un reflejo de la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas y garantizar el respeto a su cosmovisión y normativa vigente", indicaron desde la Defensoría.
Precisamente a raíz de esta situación, el ente defensor emitió una serie de recomendaciones a la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas:
- Implementar un programa de visitas periódicas a los territorios indígenas para verificar la no venta de licor, en coordinación con la Fuerza Pública y el Ministerio de Salud.
- Continuar con los operativos de decomisos y aplicar las medidas administrativas correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley.
- Sancionar el incumplimiento de las normativas municipales, en caso de violación de los sellos de clausura.