Proyecto para desarrollar 53 obras sigue sin presentar una sola.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el cual detalla los retrasos significativos en el programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura y equipamiento de centros de salud bajo su responsabilidad.

Este programa, respaldado por un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) suscrito en 2017, busca fortalecer el primer nivel de atención con 53 obras de infraestructura, incluyendo 30 sedes de áreas de salud y 18 sucursales, entre otras, para el período 2017-2024. Sin embargo, cumplido el plazo, no se han logrado concretar las metas planteadas.

Principales hallazgos del informe

  • Falta de gobernanza: La CCSS no implementó una estructura de gobernanza para planificar de forma oportuna, garantizar la sostenibilidad de los recursos y administrar riesgos, lo que afectó la ejecución de los objetivos del programa.
  • Retrasos en la orden de inicio: Debido a la falta de programas funcionales por parte de la CCSS, el fideicomiso no pudo emitir órdenes de inicio para las obras hasta 2019.
  • Problemas de coordinación y pandemia: Las obras se vieron afectadas por cambios en el alcance de los proyectos y la necesidad de realizar constantes validaciones con partes interesadas que no fueron involucradas oportunamente. La pandemia de COVID-19 también añadió incertidumbre.
  • Estimaciones imprecisas y omisiones de costos: El programa inició sin una estimación precisa de los metros cuadrados de construcción ni se incluyeron costos clave, como los de adquisición de terrenos y mantenimiento de las obras.
  • Suspensión de proyectos sin estudios técnicos: En marzo de 2023, la Junta Directiva de la CCSS suspendió proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional, incluidos cerca de 50 proyectos de este programa, sin contar con estudios técnicos de costo-beneficio. En mayo de 2023, reanudaron únicamente 30 de estos proyectos.
  • Ampliación del fideicomiso sin obras entregadas: Durante el contrato inicial (2017-2024), no se entregó ninguna obra. El plazo del fideicomiso se extendió por siete años más, pero persiste la incertidumbre sobre el alcance del programa.
  • Incertidumbre sobre el costo final y capacidad institucional: A la fecha, no se tiene claridad sobre el costo final del programa ni sobre la capacidad institucional para recibir y gestionar las obras, incluyendo su mantenimiento y dotación de personal.

La Contraloría concluyó subrayando que la ampliación del plazo del fideicomiso agrega tiempo, pero la indeterminación sobre el avance y las responsabilidades siguen generando una preocupación crítica.