Informe identificó que la cobertura y la calidad del agua también se han deteriorado.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó los resultados de una auditoría realizara sobre la prestación del servicio de agua potable que realiza el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) los cuales señalan un deterioro en la prestación del servicio.
Dato D+: La auditoría analizo las acciones ejecutadas por el AyA en términos de acceso, calidad y distribución del agua potable en los acueductos en los que actúa como operador entre el 1 enero de 2018 y 31 de diciembre de 2023.
El informe señala:
La gestión de los sistemas de acueductos a cargo del AyA no es eficaz ni eficiente, ya que no se asegura la cobertura, la atención de la demanda y la continuidad del servicio a la población atendida, tampoco la calidad del agua potable y la optimización de los sistemas; lo que agrava la situación de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad”.
Desde la Contraloría aseguraron que las situaciones encontradas “afectan la eficiencia económica y ecológica del acueducto y la sostenibilidad de la institución en el mediano y largo plazo”. Adicionalmente, se recordó que, según el ajuste tarifario de agosto de 2023, al AyA no se le reconocerá en 2024 un 10% del agua no contabilizada, lo que implica pérdidas por 28.384 millones de colones.
La Contraloría también advirtió que estas situaciones aumentan el riesgo de desabastecimientos y racionamientos más frecuentes y prolongados, propicia la desconfianza en el operador, y afecta la salud y bienestar de los consumidores.
La gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible, Lía Barrantes León, señaló:
En el 2023 más del 50% del agua producida por el AyA no se contabiliza ni factura, y el 49% de los puntos de consumo no tienen micromedición en buen estado, lo que implica menos agua potable para los usuarios y un desaprovechamiento del recurso”.
Barrantes también detalló que se encontró un deterioro en la calidad del agua, ya que las muestras con buena calidad pasaron de un 98% en 2018 a un 96.8% en 2023, lo cual según la funcionaria “significa que aproximadamente 104.000 personas no se les suministró agua de calidad potable, y para 182.000 personas esa calidad es susceptible de deterioro, lo que los coloca en una situación de desventaja y vulnerabilidad”.
Sobre la cobertura del servicio a nivel nacional la funcionaría de la Contraloría señaló que este ha venido disminuyendo, pasando de una cobertura del 99,7% en 2021 a un 95,6% en 2023, y además, se ha dado un aumento el rechazo de las solicitudes del servicio, pasando de un equivalente de 103.000 personas en el 2022 a 565.000 personas en el 2023.
Además, el informe de autoría identificó que la medición de la continuidad del servicio por parte del AyA, “invisibiliza la realidad que viven las comunidades mayormente afectadas”, y pone de ejemplo casos como el de Desamparados, donde el AyA reportó una continuidad entre 88% y 99% en 2023, sin embargo, entre mayo y agosto de ese año, algunos sectores de ese cantón reportaron suspensiones de hasta 91 horas semanales, lo que equivale a un 54.16% de la semana.
El informe también destaca entre los principales hallazgos que seis sistemas de abastecimiento no alcanzaron los niveles de calidad de agua potable dictaminados por la normativa desde 2018. Estas redes abastecen los distritos de Corredores, Bolsón, Carara, San Josecito y Concepción de Alajuelita, Piedades, Pozos, Santa Ana, San Antonio y Escazú.
Como acciones de seguimiento a las situaciones encontradas, el informe dispone al presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza, “implementar acciones que permitan atender progresivamente la gestión de pérdidas en los Sistemas de Acueducto fuera del alcance del Proyecto RANC-EE; implementar acciones para eficientizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de acueductos. Además, se le solicita actualizar e implementar los planes de seguridad del agua para todos los sistemas de acueductos operados. Finalmente, planificar e implementar las acciones que permitan un mayor acceso al agua potable a los usuarios dentro del área de cobertura de la institución, con base en escenarios”.
