La visita al país de Nayib Bukele y la condecoración con el premio Juan Mora Fernández deja una grave mancha en nuestra tradición democrática, y debe ser motivo de repudio.

Según datos de Amnistía Internacional, desde que Bukele impuso el “estado de excepción” en marzo del 2022 en El Salvador, se han realizado más de 70, 000 detenciones en ese país, la gran mayoría de forma arbitraria y sin el más mínimo respeto al debido proceso. Todo bajo la suspensión de garantías básicas como la presunción de inocencia y el derecho de defensa, para así facilitar juzgamientos “express”.

Incluso se ha documentado que un solo juez —cuya identidad se mantiene reservada bajo la figura completamente inconstitucional del  “juez sin rostro”— puede llegar a procesar hasta quinientas personas de forma simultánea -y virtual-, sin mayores pruebas que los vinculen a nada.

En este régimen carente de controles o garantías muchas de esas personas han sido torturadas y sometidas a todo tipo de castigos sin juicio previo o posibilidad real de defensa, se han dado desapariciones forzosas —cuyas cifras exactas se mantienen en la oscuridad—, y para finales de marzo del 2023, a tan solo un año de instaurado el régimen, ya habían muerto más de 132 detenidos que estaban bajo la custodia del Estado y que no habían sido declarados culpables de nada al momento de morir.

Varias organizaciones internacionales consideran que esta cifra es mucho más alta, ya que según indican muchos fallecidos han sido exhumados en fosas comunes de forma oculta, de lo cual sus familiares lograron enterarse hasta muchos meses después. Algunos de los presos liberados han dado testimonio de haber visto policías matando a otros presos a golpes para forzarlos a que confesaran ser “parte de pandillas” y así obtener algún tipo de prueba. La sola tenencia de tatuajes en el cuerpo ha llevado a la detención y condena automática de muchísimas personas, presumiendo su pertenencia a pandillas sin prueba alguna más que el estigma social.

Según palabras de la directora de Amnistía Internacional para América:

Se ha instrumentalizado el proceso penal para detener y castigar a personas sin evidencia alguna de que hayan cometido un crimen, en su mayoría en zonas pobres o marginalizadas.”

Es en definitiva la criminalización generalizada de la pobreza. También se han reportado múltiples detenciones o desapariciones de opositores políticos, periodistas de medios libres o cualquier persona que se atreva a cuestionar al gobierno. Incluso el medio salvadoreño “El Faro” mudó su estructura legal y operativa a Costa Rica para refugiarse de las persecuciones.

Según un informe del 2024 de “Human Rights Watch”, más de 3, 000 menores de edad han sido detenidos durante el régimen de Bukele bajo la excusa de pertenecer a pandillas o maras. Se reporta que en buena parte de esos casos los niños —porque se trata de niños— no tienen el más mínimo vínculo con pandillas, y no obstante son golpeados o separados de sus padres y privados de libertad por varios días sin orden judicial, mantenidos en centros mezclados con adultos para después ser liberados al no existir absolutamente ninguna prueba en su contra.

Las “mega cárceles” de Bukele solo pueden ser descritas como campos de concentración modernos, centros de tortura masiva carentes de cualquier regulación o respeto a la dignidad humana (tal cual los campos de la Alemania nazi).

Actualmente El Salvador es el país con la mayor tasa de privados de libertad de todo el mundo, con una sobrepoblación carcelaria alarmante. Según Los Ángeles Times, en estos dos años de estado de excepción de Bukele, el 1.5 % de la totalidad de habitantes del país han sido privados de libertad ¿Ese es el modelo de país “libre y seguro” que queremos, uno que encarcela en automático a gran parte de su población total sin pruebas reales y con base en las meras apariencias?

Lo cierto es que El Salvador está muy lejos de ser el país más seguro de la región, especialmente si se toma en cuenta que el concepto de “seguridad” también engloba el nivel de riesgo de ser víctima de violencia estatal arbitraria.

Los organismos internacionales de Derechos Humanos han descrito ese estado de excepción como el “desmantelamiento activo del Estado de Derecho”, que actualmente ha dejado una nación sin leyes, sometida al capricho y control absoluto de un dictador. Incluso mientras escribo estas líneas tengo la absoluta convicción de que si estuviera en El Salvador sin duda alguna terminaría privado de libertad o peor, por el solo hecho de expresar esta opinión “subversiva” al gobierno.

Ese es el personaje al que el presidente Rodrigo Chaves recibió con banquete incluido y premió en medio de las graves inundaciones que afligen al país: el dictador responsable de las más graves violaciones sistémicas a derechos humanos que se han visto en la región centroamericana. El arquitecto de un encarcelamiento masivo y sin garantías como medio de control poblacional solo comparable al que existió en los inicios del régimen nazi, y que ahora es premiado en Costa Rica por lograr una falsa seguridad artificial que no es más que el auge de un estado totalitario…

Esta condecoración no solo es vergonzosa para un país como el nuestro, que siempre se ha caracterizado por una sólida tradición de respeto de los derechos humanos y los valores democráticos, sino que además es profundamente preocupante, por el mensaje que implica enaltecer y vanagloriar desde el Poder Ejecutivo a un déspota como Bukele.

No debe olvidarse que aún durante las detenciones masivas y el exterminio de millones de judíos, Hitler llegó a tener el apoyo de más del 90 % de los alemanes. Tener respaldo popular no justifica a un dictador ni lo hace más digerible o aceptable, simplemente pone en evidencia más clara la completa ruptura nuestro tejido social.

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