Reciente estudio
Costa Rica ha sufrido graves pérdidas económicas debido a los ciclones tropicales, fenómenos que afectan al país con más frecuencia cada año. Un reciente artículo científico publicado por la revista Tropical Cyclone Research and Review determinó que desde el huracán Joan en 1988 hasta el huracán Eta en 2020, el impacto de estos desastres ha superado los dos mil millones de dólares.
Las zonas más vulnerables se encuentran en la vertiente del Pacífico, especialmente en cantones como Osa, Pérez Zeledón y Buenos Aires. Otros cantones que continúan esta clasificación son Corredores y Parrita de manera recurrente. Un caso a destacar es el de Upala, afectado significativamente y solo por un ciclón tropical: el huracán Otto en 2016. Otro caso es el de Desamparados, un cantón ubicado en la GAM, cuyas condiciones de exposición y vulnerabilidad aumentan el riesgo de desastres durante estos fenómenos.
Estos lugares, además de estar expuestos a los efectos directos de los ciclones tropicales (desde depresiones y tormentas tropicales hasta huracanes), enfrentan problemas como la falta de recursos y una infraestructura deficiente que agrava los daños.
Sectores económicos más afectados
El sector de infraestructura vial, que incluye carreteras y puentes, es uno de los más golpeados, representando más de la mitad de las pérdidas económicas. Los ciclones tropicales generan inundaciones y deslizamientos que destruyen caminos, incomunican comunidades y afectan el transporte de mercancías y personas.
La agricultura, una actividad vital para muchas familias rurales, también sufre enormemente. Cultivos clave como café, arroz, banano, palma aceitera y caña de azúcar son altamente vulnerables a los fuertes vientos y lluvias, lo que genera pérdidas económicas y afecta a los agricultores y sus comunidades.
Además, los ciclones causan daños significativos en viviendas y en servicios básicos como el acceso a la salud. En muchas zonas, las casas no están preparadas para resistir condiciones climáticas extremas, lo que pone en riesgo a miles de familias.
Por si fuera poco, la falta de planificación territorial y urbana, especialmente en áreas montañosas, aumenta el peligro de deslizamientos e inundaciones.
¿Qué se puede hacer para reducir estos impactos?
Los ciclones tropicales estudiados, además de los más recientes como Julia en 2022 o Sara en 2024 nos dejan aún más argumentos para indicar que una de las soluciones más urgentes es mejorar la planificación del uso del suelo.
Esto implica crear mapas detallados de las áreas en riesgo y establecer regulaciones para evitar construcciones en zonas peligrosas. Aún más importante, es la generación de políticas de ordenamiento territorial más eficientes que le den más autoridad territorial a las municipalidades, lo que les obligará a contar con personal cada vez más capacitado en estas temáticas de la gestión del riesgo de los desastres, y no solo centrarse en la atención de emergencias.
También se necesitan sistemas de alerta temprana que avisen a las comunidades sobre posibles inundaciones o deslizamientos, permitiendo que las personas se preparen a tiempo.
Otra medida clave es invertir en infraestructura más resistente, como carreteras y puentes que puedan soportar mejor las lluvias intensas. En el ámbito agrícola, es importante fomentar prácticas más sostenibles y diversificar los cultivos para reducir el riesgo de pérdidas masivas.
Costa Rica tiene el potencial de ser un modelo para otros países en la lucha contra los efectos de los ciclones tropicales. Si el país fortalece su capacidad de respuesta y adapta sus comunidades al cambio climático, no solo podrá proteger su economía, sino también garantizar un futuro más seguro para sus habitantes.
Estos esfuerzos requieren el compromiso de las autoridades, el sector privado y la población en general para construir juntos un país mejor preparado y más resiliente frente a los desastres.
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