Presidenta del INS pasó pantallazos de un correo enviado por una ciudadana privada a una diputada de gobierno.

La Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público aprobó remitir una copia certificada del acta de su sesión de este jueves para que el Ministerio Público investigue la presunta filtración de un correo electrónico enviado por la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Mónica Araya Esquivel, requiriendo una serie de información respecto al intento del Poder Ejecutivo de adquirir una póliza de responsabilidad civil que cubriera al presidente, los vicepresidentes y los ministros, de las demandas o denuncias que se presenten en su contra.

La medida se adoptó porque al iniciar la sesión de este 21 de noviembre, la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero Barquero indicó que Araya Esquivel no se haría presente a la convocatoria que se le hizo a la sesión de este jueves, para hacer un careo con el vicepresidente Stephan Brunner Neibig, porque el INS no le había hecho llegar una información que ella solicitó sobre el tema de la póliza, además de que ya tenía un compromiso previo como conferencista en un evento.

Ante esa indicación, la diputada oficialista Paola Nájera Abarca reveló que, según le había indicado la presidenta del INS, Gabriela Chacón Fernández, la información requerida ya se le había hecho llegar a Araya.

"Informar que efectivamente el Instituto Nacional de Seguros ya le hizo llegar a doña Mónica la información, ella la tiene en su poder, entonces desconozco a qué se debe esa afirmación [de que no podía llegar porque no tenía la información], pero ella tiene ya la información por parte del INS en sus manos", dijo Nájera.

La primera en cuestionar cómo la diputada oficialista sabía ese detalle fue la diputada liberacionista Monserrat Ruiz Guevara, ante lo cual Nájera dijo que conocía de eso porque era la diputada oficialista y fungía como enlace entre el Ejecutivo y este tema:

Me corresponde a mi estar en comunicación constante con el INS brindando información en ambos sentidos, me corresponde a mi hacer ese traslado, y me pide la presidenta del INS indicar a esta comisión esto que yo ya informé".

La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz ahondó en ese punto cuestionando por qué el INS, siendo una institución autónoma, le pasaba a una diputada oficialista una respuesta que le había solicitado un ciudadano: "La información se la está pidiendo una ciudadana ¿cómo sabe una diputada que el INS ya le mandó la información? No sé si ustedes se están dando cuenta de esto, es un tema de manejo de información confidencial".

Nájera afirmó que esas afirmaciones eran risibles y que lo único que hizo fue comunicar lo que le pidió la presidenta del INS, quien estaba viendo la sesión, y dijo que ella no tenía ni había recibido a mano ninguna información. Sin embargo, de seguido, procedió a confesar que la presidenta de la empresa estatal le pasó pantallazos del correo enviado por Araya Esquivel, y del correo donde se le dio respuesta.

Ante esa confesión, el diputado liberacionista Francisco Nicolás Alvarado pidió certificar el acta de esa sesión y remitirla al Ministerio Público para que determinara si la diputada Nájera o la presidenta del INS, o ambas, cometieron un delito.

En la moción aprobada se hizo referencia al artículo 196 del Código Penal, titulado "violación de correspondencia o comunicaciones" y el cual dispone pena de prisión de uno a tres años a quien, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de otro, y sin su autorización, se apodere, acceda, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, abra, entregue, venda, remita o desvíe de su destino documentación o comunicaciones dirigidas a otra persona.

La misma sanción aplica a quien, con peligro o daño para la intimidad de otro, utilice o difunda el contenido de comunicaciones o documentos privados que carezcan de interés público. La misma pena se impondrá a quien promueva, incite, instigue, prometa o pague un beneficio patrimonial a un tercero para que ejecute las conductas anteriormente descritas.

La pena será de dos a cuatro años de prisión si las conductas inicialmente descritas son realizadas por las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los documentos o comunicaciones; o por las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

La moción para hacer el testimonio de piezas al Ministerio Público fue aprobada con el voto de Dinorah Barquero Barquero, Katherine Moreira Brown y José Francisco Nicolás del PLN; Vanessa de Paul Castro Mora del PUSC, y la independiente Kattia Cambronero Aguiluz.

En contra votaron Yonder Salas Durán de Nueva República y Manuel Morales Díaz del oficialismo. Aunque la moción refería a un cuestionamiento producto de una de sus acciones, la diputada Paola Nájera Abarca no se abstuvo, ni se retiró, y también votó de manera negativa.