La CIDH solicita al gobierno costarricense abstenerse de extraditar a Reinaldo Picado Miranda, alegando riesgos de tortura en Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que otorga medidas cautelares al nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, acusado de delitos graves en su país, quien alega persecución política y teme ser sometido a tortura en caso de ser extraditado desde Costa Rica.

La decisión, fechada ayer 25 de noviembre, señala que el principio de non-refoulement debe prevalecer, prohibiendo la devolución de personas a lugares donde puedan enfrentar riesgos graves para su vida e integridad personal.

Picado Miranda, quien participó activamente en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018, ingresó a Costa Rica ese mismo año y se encuentra detenido en el Centro Gerardo Rodríguez Echeverría desde 2023. Según la CIDH, las condiciones actuales en Nicaragua, documentadas por organismos internacionales, incluyen torturas sistemáticas y tratos crueles hacia personas consideradas opositoras al régimen.

El gobierno nicaragüense acusó a Picado Miranda de asesinato agravado, crimen organizado, entre otros delitos, y solicitó su extradición en 2022. Pese a las afirmaciones de persecución política, las autoridades costarricenses inicialmente rechazaron su solicitud de refugio. Sin embargo, en 2023 presentó una nueva petición ante el Tribunal Administrativo Migratorio, argumentando que la extradición lo expondría a riesgos graves en Nicaragua.

En su resolución, la CIDH reconoció que las autoridades costarricenses han evaluado aspectos de su caso, pero advirtió que no se han considerado plenamente los riesgos de tortura o tratos inhumanos en el contexto de la actual crisis de derechos humanos en Nicaragua. La CIDH destacó que otro líder campesino, extraditado previamente desde Costa Rica por hechos relacionados, enfrenta condiciones deplorables de detención, incluyendo aislamiento extremo y falta de atención médica adecuada.

El Estado costarricense informó que la solicitud de refugio de Picado Miranda está en trámite y que el principio de no devolución ha sido respetado mientras se resuelve su caso. Asimismo, sostuvo que las instancias internas han considerado las acusaciones de persecución política, pero concluyeron que los delitos imputados no tienen carácter político y que no se han presentado pruebas suficientes para acreditar los riesgos alegados.

Costa Rica subrayó su compromiso con la normativa internacional, indicando que los procesos de extradición y refugio incluyen análisis detallados de los contextos sociopolíticos de los países de origen de los solicitantes. No obstante, la CIDH enfatizó la importancia de realizar una valoración específica e integral del riesgo que podría enfrentar Picado Miranda en las actuales circunstancias de Nicaragua.

Para la CIDH, el principio de no devolución, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención contra la Tortura, es fundamental en este caso. Según la Comisión, este principio obliga a los Estados a garantizar que ninguna persona sea devuelta a un país donde existan motivos fundados para temer por su vida o integridad física. La Comisión recordó que Nicaragua ha sido señalada por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, incluidas torturas, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en centros de detención.

En su análisis, la CIDH citó informes recientes que describen un patrón sistemático de represión contra opositores políticos en Nicaragua. Además, destacó que las condiciones actuales en las cárceles nicaragüenses agravan el riesgo para quienes son considerados opositores al gobierno. Por ello, solicitó a Costa Rica suspender cualquier acción de extradición mientras no se haya evaluado debidamente el impacto que podría tener sobre los derechos de Picado Miranda.

La resolución de la CIDH insta a Costa Rica a garantizar la vida y la integridad personal de Picado Miranda, absteniéndose de deportarlo, extraditarlo o expulsarlo hasta que las autoridades costarricenses hayan valorado exhaustivamente los riesgos que podría enfrentar en Nicaragua. Esto incluye analizar las condiciones actuales del país y el impacto que podría tener su entrega a un sistema judicial señalado por falta de independencia y prácticas de tortura.

La CIDH concluyó que, dadas las circunstancias, existe un riesgo grave, urgente e irreparable para Picado Miranda, lo que justifica la adopción de medidas cautelares inmediatas. Ahora, corresponde a Costa Rica cumplir con la resolución, asegurando que su decisión final sobre este caso esté plenamente alineada con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.