Superintendencia emitió un comunicado desmintiendo afirmaciones hechas por Albino Vargas y Lucía López.

Tras la publicación de un video que circula en redes sociales por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Superintendencia de Pensiones (Supen), emitió un comunicado de prensa desmintiendo las afirmaciones hechas por el ente sindical y calificando el video de ser una “mezcla el desconocimiento del  tema y una intención de desinformación que puede provocar ideas erróneas en la población, acerca de la verdad sobre la discusión legislativa y los aportes técnicos que debe  proporcionar la Supen en materia de pensiones”.

En el video, el secretario general de ANEP, Albino Vargas Barrantes, señala:

Hemos descubierto este grupo de organizaciones un documento que era casi secreto un documento para acabar con todos los regímenes especiales de pensiones todos absolutamente incluso el de IVM [Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte] de la Caja y entregárselos a los sectores financieros enormes que se han ahorrado por década los trabajadores lo quieren pasar ahora en el marco de la campaña electoral curiosamente a mercado financiero y entidades financieras hasta con nombre y apellidos pongan cuidado, por favor, al proyecto de ley 21.824”.

Desde la Supen aclararon que el expediente 21.824 fue presentado desde marzo del 2020 por la entonces diputada Yorleny León Marchena, y lo que pretende es derogar los regímenes complementarios que existen en cinco instituciones públicas, que son:

  • Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
  • Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS).
  • El Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
  • El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
  • La Junta de Protección Social (JPS).

Esos cinco regímenes de pensiones complementarias especiales fueron creados aparte del del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) por lo que, actualmente, las personas funcionarias de esas cinco instituciones que se pensionan reciben recursos de tres fondos: la pensión ordinaria del IVM, el ROP y ese fondo complementario especial.

Según indicó la Supen, el proyecto pretende disolver esos cinco regímenes complementarios especiales y que los ahorros de las personas funcionarias activas que han aportado a esos fondos, pasen a sus cuentas del ROP, mientras que las pensiones que se pagan actualmente continúen a cargo de esas instituciones.

En el video de ANEP la presidenta del Fondo de Jubilaciones del ICT, Lucía López Regidor, añadió:

El proyecto de ley 21.824 pretende quitar la plata de los ahorros de los trabajadores de varias instituciones públicas a favor de los tiburones de siempre. Otra vez doña Rocío Aguilar quiere beneficiar a sus amigotes”.

López agregó que el traslado de los recursos de los fondos actuales al ROP “viene a afectar la calidad de vida porque las personas trabajadoras han ahorrado por años en estos dineros y ahora que los ven maduros quieren meterles mano. El gobierno nos miente una vez más al unirse a las minorías con corona para favorecerlas una vez más para despojar de los ahorros a los trabajadores”.

Al respecto desde Supen señalaron que “no es cierto que los recursos de los trabajadores en estos regímenes de pensión  complementaria ocupacional sean trasladados a mercados financieros distintos de las  inversiones actuales que los respaldan”.

Adicionalmente, Supen aclaró que el pasado 18 de octubre participaron de una mesa de trabajo con funcionarios del Ejecutivo y congresistas de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en la que proporcionaron “los datos sobre las implicaciones del proyecto para diversas alternativas y se  concluyó que técnicamente, la vía más favorable para los trabajadores es el traslado no  oneroso -sin costo-, de los ahorros a sus cuentas personales del ROP y que liquidar los ahorros de otra manera podría generar pérdidas no deseables que se deben evitar”.

Finalmente, en el video de la ANEP Vargas vinculó el proyecto con la idea de la Supen de que el Fondo de Capitalización Laboral pueda ser retirado cada 10 años y no cada 5 años, como sucede actualmente. Desde Supen aclararon que “no existe en este momento una propuesta formal de parte de la  Supen, para modificar el plazo de retiro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL)”, aunque la propia jerarca de la Supen, Rocío Aguilar Montoya, sí adelantó ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa la idea de que el FCL debería pasar a ser un seguro de desempleo, o aumentar el plazo de retiro.

Al respecto, desde Supen recordaron que  cualquier modificación a alguno de los parámetros del FCL es “resorte de la Asamblea Legislativa, lo cual implica seguir los procedimientos públicos respectivos”.