Se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la no violencia contra las mujeres. Diferentes organizaciones y colectivas nos estamos ocupando del planeamiento de actividades que buscan denunciar y crear conciencia del flagelo que significa en la vida cotidiana de las mujeres todos los tipos de violencia, clasificados y estudiados hoy. La violencia contra las mujeres si bien es de vieja data, su estudio y actualización es de vital importancia.
En medio de reuniones, lecturas, wasaps y escuchas de historias de vida de mujeres nos encontramos con una ingrata noticia, difundida por un conocido medio de comunicación.
Una joven paramédica relató ente un Tribunal Penal que el día 2 de agosto del año 2018 estaba en labores propias dentro de las instalaciones del Benemérito cuerpo de bomberos de Costa Rica, en la estación central.
Ese día, según relató la ofendida, “se encontraba boca arriba soltando unas tuercas de una unidad vehicular perteneciente a los Bomberos, cuando el ahora sentenciado se colocó encima de su cuerpo, le prensó los brazos con las piernas y le apretó lo senos por encima de la ropa”. Mientras “los compañeros sonreían”, con un gesto cómplice y misógino, agrego de cosecha propia.
Luego sobrevino una larga cadena de descalificaciones y amenazas sobre la víctima, esto de parte de las jefaturas que hicieron caso omiso al deber de probidad, al cumplimiento de la ley y a los más básicos y elementales principios de la ética y de la nitidez, incluido el Sindicado de bomberos y el Comité de transparencia. Sabemos que las personas que han sufrido delitos sexuales son revictimizadas una otra vez.
Así lo establece, no quien escribe este artículo de opinión, sino el Tribunal Penal, quien corroboró en el elenco probatorio la cadena de abusos y omisiones donde la víctima, en palabras de los juzgadores “se vio inmersa en una estructura de poder”, esta estructura de poder se limitó a descalificar y a ignorar.
Relata la ofendida que en varias ocasiones fue llevada a una sala donde había una mesa grande, y la hicieron subirse en la misma, para que escenificara la forma como había sido abusada, ahí estaba el jefe de operaciones presente y el director de bomberos, entre otros. Este hecho constituye no solo un acto de revictimización, sino que reviste características propias de una conducta desagradable y morbosa. ¿Qué pretendían lograr? ¿Cuál era el objetivo?, ¿No tienen abogados, o asesoría jurídica?, sí, la tienen, el problema es la calidad humana y profesional, revestidos no de los principios que informan los derechos de las mujeres en el siglo XXI, sino imbuido en mitos y estereotipos superados y que deben ser desterrados, máxime en un organismo que se financia con el 4 por ciento de todas las pólizas de seguro de nuestros vehículos, incluidos los vehículos cuyas propietarias somos mujeres.
Debemos tener presente que la estructura de los bomberos si bien goza de una personería jurídica instrumental, como se ha indicado en repetidas ocasiones no “ampara una descentralización de funciones y no implica una independencia orgánica, sino que, como el nombre lo indica, es instrumental porque es de carácter eminentemente presupuestario”, como lo señaló la Sala constitucional, 2014.
Los hechos acaecidos contra la joven fueron calificados como abuso sexual, según la tipificación de nuestro ordenamiento jurídico. El mismo atenta contra la libertad y la libre autodeterminación sexual. Es un hecho delictivo ocurrido en contra de su integridad física, sexual, psicológica, sufridos en el ejercicio de sus funciones dentro, nada más que el Benemérito cuerpo de bomberos de Costa Rica. Y que luego después del infierno vivido, la joven queda además desempleada. La experiencia confirma que el abuso sexual va de la mano con el acoso laboral, y precisamente pierde su trabajo porque se conculcan todos sus derechos, en el violento ritual.
Por otra parte, a nivel interno no se dio el trato digno que debe darse a la víctima y que es derivado del principio de la dignidad de la persona humana, establecido en el artículo 33 de la Constitución Política. Contamos con variada normativa y jurisprudencia donde se establece el respeto a la dignidad de la víctima por parte de los abogados y del mismo imputado.
La Fiscalía de Género del Poder Judicial dio un buen acompañamiento a este caso y finalmente el, Tribunal de Apelaciones de Goicoechea ratificó la sentencia del Tribunal Penal de San José. Al agresor sexual se la dictaron tres años de prisión con el beneficio de ejecución de la pena. Esto nos da esperanza en el sistema de justicia en los casos donde una mujer es la víctima.
Las mujeres tendremos puesto nuestro “ojo avizor” en las autoridades del Benemérito cuerpo de bomberos quiénes deberían empezar por poner orden y a derecho su casa y no olvidar que el servicio público que prestan también debe incluir a las mujeres, y su libre auto determinación, deben actuar sin estereotipos de género y de prácticas misóginas, discriminatorias y abusivas. El Tribunal Penal les ha recordado que nadie, nadie, está por encima de la ley, de los amiguismos y del abuso de poder.
Esto lo señalamos porque estos odiosos actos van en detrimento de la vida y la integridad de las mujeres, si tocan a una nos tocan a todas. Por cierto, el slogan que se usará en el planeta para este 25 de N es “Fuego global al patriarcado y contra las violencias machistas”, muy a propósito de este caso. Esperemos no tener que llamar a los bomberos porque tendríamos una duda razonable.
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