En contra votaron 7 diputados de Gobierno.
Con 34 votos a favor y 7 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó crear una comisión para investigar las irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este espacio estará integrado por siete diputaciones, tendrá un plazo de 10 meses para realizar un informe final y su nombre completo es "Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades que han sido denunciadas y aquellas que surjan dentro de la investigación entorno a la Caja Costarricense del Seguro Social".
El objetivo será investigar problemas relacionados con las listas de espera, la deuda del Estado con la institución, nombramientos irregulares, problemas para la construcción del Hospital de Cartago, persecuciones contra directivos y exdirectivos, inconsistencias en el contrato del EDUS, incongruencias actuariales, la contratación de Ebais a la cooperativas, entre otras cosas, detalla la moción aprobada este lunes 7 de octubre.
Los sietes votos en contra de la propuesta fueron diputados oficialistas. Esta comisión será integrada por:
- Dos diputaciones del Partido Liberación Nacional.
- Una diputación del Partido Unidad Social Cristiana.
- Una diputación del Partido Progreso Social Democrático.
- Una diputación del Liberal Progresista.
- Una diputación de Nueva República.
- Una diputación del Frente Amplio.
En la justificación para la creación de este foro legislativo, la moción detalla:
"Que si bien el tema podría ser investigado por la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Público, lo cierto es que la naturaleza y envergadura de la institucionalidad de la CCSS, ameritan una particular y especial conducción investigadora de control político. Además, actualmente dicha Comisión Permanente Especial tiene 17 expediente con diferentes temas de investigación pendientes de resolver".
Esta comisión se genera semanas después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) coordinó 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En ese contexto se dio la detención de la presidenta de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, y de varios altos funcionarios y exfuncionarios de la junta de la institución.
La Fapta sospecha de un supuesto sobreprecio de más de ¢12.000 millones anuales en la adjudicación de 138 Ebais, luego de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la Caja.