Propuesta busca brindar protección a personas obligadas abandonar sus países por fenómenos ambientales extremos.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado Ramírez, presentó un proyecto de ley que busca reconocer y regular las condiciones de las personas migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales en Costa Rica.

El expediente 24665, que también cuenta con la firma de la liberacionista Alejandra Larios Tejos, busca crear la "Ley Para La Gestión de la Migración por Motivos de Cambios Climáticos y Ambientales, con Enfoque de Derechos Humanos".

En su objetivo general se detalla que se pretende brindar protección y garantizar los derechos a las personas que lleguen al país por la mencionada causa, estableciendo un procedimiento migratorio conforme con los principios del derecho internacional y los tratados ratificados por el país.

La propuesta establece el concepto de "Migrante por cambio climático y ambiental",  entendido como:

"Toda persona que se vea obligada a abandonar su país de origen o lugar de residencia habitual debido a desastres naturales, fenómenos ambientales extremos, o la degradación progresiva de su entorno, ya sean estos causados directamente por el cambio climático o por otros fenómenos ambientales, que amenace directamente su vida, salud, seguridad o medios de subsistencia. Esta migración puede ser temporal o permanente, dependiendo de la severidad". 

Mientras que se interpreta como "Desplazamiento climático":

"Movimiento de personas dentro de un territorio debido a los efectos del cambio climático, incluyendo los eventos y procesos ambientales repentinos y de evolución lenta, que se producen ya sea solo o en combinación con otros factores".

Proyecto fue presentado por la liberacionista Carolina Delgado.

Entre otros, también se incluyen los conceptos de desplazamiento interno y externo, que hace referencia al traslado de personas de su lugar habitual de residencia o actividad económica debido a desastres naturales o degradación ambiental, ya sea en el mismo país o de un nación a otra.

En su artículo 5, la iniciativa señala que las personas migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales tendrán derecho a un procedimiento migratorio que permita que se cumpla el principio de no devolución y retorno forzoso, en el cual se vele por los Derechos Humanos de la persona migrante.

Dato D+: Entre 1998 y 2020, los fenómenos climáticos y geofísicos causaron 312.000 muertes y afectaron directamente a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe, según el informe sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las personas en esta condición podrían acceder a servicios públicos de salud, educación y empleo en igualdad de condiciones con los ciudadanos costarricenses. Además de la protección laboral conforme a la legislación vigente.

Además, se establece que el reconocimiento de la condición será competencia de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME), que podrá, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), evaluar las condiciones y riesgos climáticos y ambientales en los países de origen de los solicitantes.

Las personas o familias solicitantes que deseen optar por esta categoría  deberán presentar ante la DGME una solicitud de reconocimiento de la condición de migrante climático y ambiental. Entre otros aspectos, debe presentar una descripción de los eventos climáticos que forzaron su desplazamiento, además de la evidencia de la amenaza en su país de origen, avalada por informes internacionales o estudios reconocidos

La DGME será la instancia administrativa encargada de recibir, procesar, otorgar, denegar o cancelar el otorgamiento de la categoría migratoria por cambio climático y ambiental, mediante una resolución razonada y al cumplir con el debido proceso.

Esa institución, con el fin de cumplir con la obligación de identificación de las personas migrantes por motivos de cambios climáticos y ambientales, llevará un registro que incluya estadísticas y datos relevantes sobre dichos migrantes.

Este registro deberá contener información sobre el número de personas afectadas, las causas específicas de su desplazamiento, las áreas geográficas más afectadas, así como las características sociodemográficas de los migrantes.

La intención de recopilar esa información es para entre otras cosas, facilitar el monitoreo y análisis de los flujos migratorios por estos motivos, elaborar políticas públicas que respondan de manera efectiva a las necesidades de estos migrantes, y coordinar acciones con organismos internacionales y países afectados para la implementación de medidas de reubicación, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Además, establecer con el Minae la elaboración de estudios técnicos en donde se muestren los niveles de afectación en Costa Rica.

Por último, el texto de ley que está a la espera de que se le asigne una comisión para su estudio, indica que el Gobierno, en coordinación con organismos internacionales y países aliados, promoverá la cooperación para abordar la migración por cambio climático, para  buscar soluciones duraderas para las personas afectadas, como la reubicación.

Para el año 2050, el Banco Mundial cifra en 17 millones el número potencial de migrantes climáticos en América Latina si se cumplen los escenarios más pesimistas. Foto: OIM

En el congreso aún se encuentra el expediente 22833 que fue presentada por el exdiputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, y que tenía fines similares.