Proyecto de ley permitiría al Ministerio Público solicitar información a entidades financieras sin orden judicial.
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillen Pérez, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.658) que pretende facilitar al Ministerio Público el acceso expedito a la información financiera de personas investigadas por presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada.
La exposición de motivos de la iniciativa de ley señala que, actualmente, el artículo 18 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754) habilita “el levantamiento del secreto bancario a las personas físicas o jurídicas vinculadas a una investigación por delincuencia organizada. Sin embargo, dicha disposición se encuentra supeditada a la aprobación de un juez, por requerimiento del Ministerio Público”.
La modificación que se pretende a ese artículo “modifica este procedimiento y dispone la desjudicialización del levantamiento del secreto bancario, con el fin de agilizar el acceso del Ministerio Público a la información bancaria de los imputados vinculados a las investigaciones por crimen organizado”, y dispone la obligación de las entidades financieras de brindar la información que solicite el Ministerio Público, el cual deberá fundamentar su solicitud, en un plazo de 10 días hábiles”.
Adicionalmente, la reforma indica que la persona afectada, en caso de que no exista una fundamentación correcta para solicitar la información, podrá "recurrir la medida ante el juzgado correspondiente, pero bajo ninguna circunstancia suspenderá el acceso a la información".
La iniciativa de ley justifica la modificación indicando:
Es innegable que el secreto bancario permite preservar la intimidad y privacidad de las personas. Sin embargo, la demora en su levantamiento en pesquisas sobre crimen organizado es materialmente un impedimento para combatir estos delitos de forma efectiva. Por un lado, debido a la problemática de la mora judicial; y por otro, debido a la demora de las entidades financieras en proveer la información solicitada por las autoridades correspondientes”.
Adicionalmente, el proyecto añade que cuando la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) notifique al Ministerio Público de alguna investigación en curso, este tendrá cinco días naturales para valorar si solicita a las entidades financieras la entrega de los requerimientos individualizados de información de sus clientes.
El proyecto fue presentado con la firma de respaldo de Priscilla Vindas Salazar, Antonio Ortega Gutiérrez, Johnatan Acuña Soto y Ariel Robles Barrantes, todos de la bancada del Frente Amplio. Tras ser presentado debe ser asignado a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente.
