La desnutrición se produce cuando al organismo le faltan nutrientes o cuando no los puede asimilar. A nuestro organismo educativo le suceden ambas, le faltan nutrientes y los que le quedan tiene dificultades para asimilarlos.

Tal como ha dado cuenta de manera sistemático el Informe del Estado de la Educación, y tantos otros diagnósticos, de este mal, viene padeciendo desde hace unos 10 años, pero a falta de “atención primaria”, en este momento, ya se encuentra en el umbral de tercer grado, el más avanzado de la desnutrición. El sistema educativo nacional presenta pérdida de masa corporal debido a la falta de cobertura; déficit curricular y precarización de la infraestructura. También sufre de mareos pedagógicos e inadecuada asimilación de recursos tecnológicos. La oxigenación que cotidianamente venía recibiendo del personal docente ha quedado suspendida; al igual que los programas de equidad.

Estamos a la puerta de una muerte educativa por inanición; una muerte anunciada. Y en este estado de gravedad, resulta que el plan presupuesto para el año 2025, tiene una visión reduccionista y fiscalista cuyo único objetivo es cumplir con los límites presupuestarios impuestos del Ministerio de Hacienda.  

Disminución del presupuesto para Educación

En términos reales, las reducciones presupuestarias son alarmantes, en claro incumplimiento al mandato constitucional de otorgar al menos 8% del PIB a educación, llegando a un mínimo histórico en los últimos 20 años. Todas las partidas de remuneración se han visto minimizadas, menos las que reflejan un aumento son las de suplencias y aguinaldos, pero éstos corresponden a falsos aumentos que buscan llenar el “hueco presupuestario del 2024”, por inadecuadas estimaciones, lo cual impidió el pago de ambos rubros en el mes de agosto.  El presupuesto también presenta un déficit para la ejecución en recursos tecnológicos en todas las líneas presupuestarias vinculadas con la política de informática educativa.  Las Juntas Administrativas y los Comedores Escolares, sufren de igual forma, reducciones inaceptables.

Inversión en educación  por estudiante

Según diversos estudios (McKinsey & Company, 2020; OECD 2023; Education at Glance, 2021), Costa Rica se coloca en una categoría de inversión por estudiante mediocre, muy cerca de la categoría de pobreza educativa, reportando la mayor caída de gasto por estudiante (-8,3%), mientras que en países como  Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Eslovenia, España y Turquía, el gasto por estudiante aumentó, desde la educación primaria hasta la terciaria. En primaria, secundaria académica y técnica, Costa Rica invierte menos de la mitad de lo que destinan en promedio los países de la OCDE. Nos ubicamos entre los tres últimos lugares en cuanto a la inversión por alumno.

El argumento de la baja natalidad 

Frente a tan grave condición de desnutrición educativa, el argumento dado por las autoridades nacionales para recortar el gasto es la baja natalidad (índice demográfico), y con ello el cierre de centros educativos, rurales la mayoría.

Primero, el argumento de la baja de la natalidad (indicador demográfico) es totalmente insuficiente, para justificar el recorte presupuestario, puesto que otros indicadores están tan mal atendidos, que el argumento de un bajo índice demográfico no los compensa mientras los centros y la calidad educativos sigue en general absolutamente comprometida 

Segundo, estudiantes no son solo los que podrían haber nacido, estudiantes son los que no asisten a las aulas y se les invisibiliza y excluye: los que dejaron de ir, los que nunca fueron, los que no pueden ir (población carcelaria) los menores de 4 años. Estas poblaciones no son consideradas en los montos presupuestarios.

Entonces, utilizar el indicador demográfico de baja natalidad como único criterio para disminuir la inversión educativa, eso es perpetuar, malintencionadamente, la baja calidad de la educación y más que eso, llevarla a la desnutrición extrema, así arrastrará a la población a vivir con un mínimo educativo y para muchos implicará una muerte educativa por inanición.

Costa Rica, merece mejores decisiones para seguir siendo una república democrática donde la educación es el derecho supremo para el desarrollo y el bienestar.

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