Documento incluye falencias en la gestión del agua, debilidades institucionales en torno al abordaje de la violencia contra las mujeres y otros temas.
La Defensoría de los Habitantes emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica como una contribución para la 47° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (IV Ciclo periodo 2022-2027), enmarcado dentro de un contexto complejo y con riesgos de regresividad.
Costa Rica será evaluada en esta materia el próximo mes de noviembre 2024 por medio del Examen Periódico Universal (EPU). El EPU es un mecanismo que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas (ONU) se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
Foto: Angie Cruickshank / Defensoría de los Habitantes.
La Defensoría comunicó que hizo llegar el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado 6 de abril, en el cual contempla un estado de situación a través de 73 puntos que incluyen recomendaciones puntuales, pendientes y avances en aspectos relacionados con:
- Temas laborales.
- Acceso al agua potable.
- Niñez y adolescencia.
- Mujeres.
- Seguridad alimentaria.
- Pensiones.
- Acceso a la salud y listas de espera.
- Seguridad ciudadana.
- Situación de la pobreza.
- Transparencia y lucha contra la corrupción.
- Población migrante.
- Personas adultas mayores y personas con discapacidad.
- Pueblos indígenas.
- Afrodescendientes.
- Personas LGTBIQ+.
Durante este mes, se presentó una versión ampliada del informe a organizaciones de la sociedad civil y al cuerpo diplomático acreditado en el país.
Elementos que salieron a la luz
Entre los puntos señalados, la Defensoría destacó los largos tiempos de espera para citas con especialistas (371 días en promedio) y para cirugías (552 días en promedio).
En la gestión del agua para consumo humano también se evidencian debilidades en la protección de nacientes y zonas de recarga acuífera, así como en las diversas fases de producción -captación, almacenamiento, potabilización, distribución- aunque se reconoce como avance la Ley N°9849 adición a la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano al agua. Otra preocupación es la contaminación por uso de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente sano en actividades agrícolas donde ha tramitado denuncias en zonas tales como Buenos Aires de Puntarenas y Oreamuno de Cartago.
Las personas privadas de libertad se mantienen con sobrepoblación, hacinamiento y hay necesidad de redefinir la Política Criminal del país para fortalecer la prevención del delito ante la complejización del perfil delincuencial. Las poblaciones con VIH tienen limitaciones en el acceso a servicios de salud y tratamientos, incidiendo en la continuidad y adherencia al tratamiento, por razones imputables al Estado, ante falta de previsión en el suministro de medicamentos.
Foto: Sociedad civil / Defensoría de los Habitantes.
La Defensoría recomendó discutir la falta de una ley general que regule los derechos de las personas LGTBIQ+. Además, se mencionaron problemas relacionados con el acceso a la tierra por parte de pueblos indígenas y afrodescendientes, destacando la inacción estatal y la falta de medidas claras para la delimitación correcta de sus territorios. En cuanto a las personas con discapacidad, se sigue encontrando barreras para el pleno cumplimiento de la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades, así como en la participación en decisiones político-administrativas y legislativas.
El informe también señala que la pobreza por ingresos afecta al 20% de la población, y la pobreza multidimensional al 30%, con riesgo de aumento debido al debilitamiento de la inversión social pública. En cuanto a la seguridad ciudadana, se recomienda elaborar un plan de acción de la política pública y dotar de presupuesto adecuado al Ministerio de Seguridad Pública para cumplir con sus funciones preventivas y de protección.
Finalmente, la Defensoría destacó la ausencia de legislación específica sobre violencia y acoso en el ámbito laboral, así como la falta de indicadores nacionales para medir la violencia obstétrica. Asimismo, se identificaron debilidades en las instituciones encargadas de abordar la violencia contra las mujeres.
En cuanto a la niñez y la adolescencia, se subrayó que la inversión social pública dirigida a este grupo ha sufrido recortes significativos, lo que ha afectado la educación pública, especialmente en áreas como la deserción escolar, infraestructura educativa y brechas tecnológicas. El informe también indicó la necesidad de fortalecer los sistemas de pensiones y promover una política nacional de transparencia y anticorrupción.
