Defensoría señaló una serie de acciones que afectan a programas educativos.
La Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional a presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la situación de recortes en el presupuesto destinados a la educación.
“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”, indicó el ente defensor.
La institución señaló que debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, se evidencia un deterioro en diversos aspectos clave de la educación. Por ejemplo, en los resultados de las pruebas PISA, las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE.
Dato D+: Una coadyuvancia activa se da cuando se presenta a favor de la tesis sostenida en la acción de inconstitucionalidad. Por el contrario, las coadyuvancias pasivas se dan cuando son en contra.
En términos de infraestructura, la Defensoría resaltó que 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se registra una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.
De un análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 20%.
El principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, con un aumento de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo, puntualizó la Defensoría. Además, las personas menores de edad estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).
El ente defensor indicó que uno de los programas más afectados es el Programa de Equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.
La Sala Constitucional desde hace más de una década advirtió al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública son inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política, que fija en 8% del Producto Interno Bruto el presupuesto que se debe girar a educación. Adicionalmente, acota la Defensoría, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Dato D+: El artículo 4 de la convención indica: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Adicionalmente, la Defensoría indica en su coadyuvancia ante los Magistrados de la Sala IV que el informe presentado a ellos por Hacienda no demostró que dicha cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.
De ahí que la Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.
