Las cooperativas de autogestión en Costa Rica no solo contribuyen significativamente al empleo y la economía del país, sino que promueven la equidad, la sostenibilidad y el desarrollo comunitario. Estas organizaciones, con un enfoque en la educación y la inclusión social, son un pilar fundamental de la sociedad hacia un futuro más justo, próspero y solidario.

Según el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), a 2021 existían más de 1.320 cooperativas registradas en el país; se estima que generan más de 250.000 empleos, es decir, el 6% de la fuerza laboral nacional.

En conjunto, las cooperativas representan cerca del 4% del producto interno bruto (PIB) y, un dato no menor, alrededor del 30% de los puestos de liderazgo en cooperativas son ocupados por mujeres, lo que demuestra un avance hacia la igualdad de género en la gobernanza cooperativa.

Por otro lado, el régimen de zonas francas ha confirmado ser un pilar clave en la atracción de inversión extranjera y en el estímulo de exportaciones, generando considerable empleo en el país.

Las zonas francas han impulsado el crecimiento de nuestro PIB, dada la importancia del sector exportador en la economía nacional. Asimismo, la atracción de inversión extranjera a través de las zonas francas ha llevado a un aumento en la inversión extranjera directa (IED), lo que aporta a la financiación de proyectos y a la infraestructura nacional.

También, las empresas en zonas francas invierten en la formación y desarrollo de sus empleados, lo que contribuye a mejorar la calidad de la mano de obra en el país.

Integrar a las cooperativas en este régimen de manera más formal y estructurada, significa maximizar el potencial del modelo, beneficiando a todos los actores involucrados.

Con tal propósito he presentado el proyecto de ley 24.486, “Generación de empleo y reactivación económica. Reforma del artículo 101 de la Ley No.4179, Ley de Asociaciones Cooperativas, de 22 de agosto de 1968”.

La propuesta impulsa un modelo que busca interconectar de manera más efectiva las cooperativas de autogestión con las empresas que operan en zonas francas. Este enfoque no solo representa una respuesta a los desafíos económicos que enfrenta el país, sino que también se alinea con los principios de desarrollo sostenible y justicia social.

En concreto, mi propuesta de ley permitiría que las empresas que operen bajo el régimen de zona franca y que contraten los servicios de cooperativas de autogestión por un valor mínimo equivalente al uno por ciento de sus utilidades brutas anuales, gocen de cinco años de exoneración del impuesto de consumo, impuesto de ventas e impuesto de estabilización económica (en la adquisición de todos los elementos materiales necesarios para el desarrollo de su producción). Las cooperativas de autogestión también disfrutarían de estas mismas exoneraciones.

Beneficios

La inclusión social es un objetivo fundamental en un país que busca cerrar las brechas económicas existentes. Las cooperativas de autogestión juegan un papel crucial al proporcionar empleo a sectores de la población que enfrentan barreras para acceder a trabajos formales. Esta reforma podría abrir canales adicionales para que personas de grupos vulnerables puedan integrarse al mercado laboral, ofreciendo así oportunidades de desarrollo personal y profesional.

El proyecto de ley no solo beneficia a las cooperativas, también fortalece las economías locales. Al fomentar la contratación de estos grupos en las zonas francas, se contribuye al crecimiento de las economías rurales y se promueve un modelo de desarrollo más equitativo. Esto es especialmente relevante en comunidades donde las oportunidades de empleo son limitadas.

Estudios del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), estiman que cada empleo en cooperativas puede generar múltiples empleos adicionales en la economía. Este efecto multiplicador está en línea con el objetivo de reactivar el mercado laboral y contribuir al crecimiento económico del país. Así, la implementación de esta reforma podría resultar en una creación masiva de empleo, abarcando tanto posiciones directas como indirectas.

Por otro lado, la inclusión del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en este proceso es esencial, ya que garantizará que los trabajadores de las cooperativas posean las calificaciones necesarias para competir en un entorno exigente. La capacitación en áreas como gestión, producción y sostenibilidad ayudará no solo a elevar las competencias de los trabajadores, sino a aumentar la competitividad de las cooperativas frente a empresas en las zonas francas.

Finalmente, una mayor colaboración entre cooperativas y zonas francas promovería prácticas responsables y sostenibles. Por ejemplo, las cooperativas han demostrado un firme compromiso con la reducción de su huella de carbono, y este vínculo podría intensificar los esfuerzos hacia una economía más verde, alineándose con iniciativas globales y nacionales para abordar el cambio climático.

La propuesta de ley inició su trámite en la Comisión de Asuntos Económicos, donde espero contar con el apoyo de las y los compañeros diputados integrantes para su ágil trámite y aprobación.

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