Contraloría emitió informe de auditoria al Minae en relación a su función rectora en el subsector energía.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) con respecto a su función rectora de asegurar el alineamiento estratégico con las necesidades públicas y la viabilidad de los proyectos de inversión en el Subsector Energía.

La gestión es particularmente relevante dado que para el periodo 2022-2040 se tiene prevista una inversión de 1.379 millones de dólares y las inversiones relacionadas con hidrocarburos para el periodo 2020-2024 ascienden a 96,52 millones de dólares, detalló la CGR.

Entre sus hallazgos

La función rectora del Subsector Energía no cumple con aspectos significativos contemplados en los criterios de auditoría, esa fue una de las conclusiones a las que llegó la CGR. La institución puntualizó que se carece de parámetros o criterios de evaluación que procuren la optimización de la cartera de proyectos.

También, incumple con dar seguimiento y evaluar los resultados de las actividades y proyectos del subsector, al determinarse omisión de los informes de seguimiento y evaluación, desde el segundo semestre de 2022.

Lo anterior, implica que a la fecha se incorporaron al Sistema Eléctrico Nacional 11 plantas de generación que no fueron seleccionadas con base en una metodología formalmente definida por la rectoría, de forma que asegure el cumplimiento de los objetivos del sistema. La ausencia de criterios de selección también se identificó para los proyectos relacionados con hidrocarburos, compartió la CGR.

Asimismo, determinó que la rectoría tiene limitaciones para la obtención oportuna y confiable de información y para realizar actividades de fiscalización de los proyectos de inversión de cooperativas de electrificación. La Contraloría recordó que el propio marco regulatorio las incluye dentro de la rectoría del Subsector Energía y por ende están sujetas a la coordinación y direccionamiento por parte de la rectoría.

Otro de los hallazgos es que dos plantas de generación eléctrica han operado pese a no contar con la concesión necesaria para el suministro del servicio público que debe otorgar el Minae.

Por otro lado, se identificaron 2 proyectos de inversión de Recope, con un costo estimado en 77,56 millones de dólares, a los que les fue otorgado el aval sectorial, a pesar de que sus estudios de preinversión presentan debilidades sustantivas, indicadores de rentabilidad negativos y ausencia de evaluación económica-social que justifique su ejecución.

La Contraloría detalló que el “Sistema contra incendios muelle petrolero”, con un costo estimado de 6,11 millones de dólares, está registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) sin contar con el aval sectorial requerido, además de no contar con evaluaciones financiera y económico-social, que justifiquen su desarrollo.

Por último, destacaron que nueve  proyectos de generación eléctrica que finalizaron su fase de preinversión durante esta auditoría, no cuentan con dictamen de vinculación emitido por la rectoría. De estos seis corresponden a iniciativas del Instituto Costarricense de Electricidad, una a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y los dos restantes pertenecen a cooperativas de electrificación
rural.

¿Qué hacer?

La CGR llama al Minae a implementar los criterios de selección de proyectos, para que todas las iniciativas de inversión sujetas a la rectoría del Subsector Energía se sometan a un análisis de rentabilidad, calidad, disponibilidad, firmeza y precio, que propicien la optimización de la cartera de proyectos y garantice la conveniencia de su ejecución; así como efectuar los informes de seguimiento y evaluación de los proyectos del subsector y su alineamiento con las políticas y planes nacionales.

También, a ajustar el Reglamento de Organización del Subsector Energía, para que los proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad se sujeten a la obtención del dictamen de vinculación con el Plan Nacional de Energía y establecer los requisitos de la fase de preinversión para el dictamen.

También pide implementar los mecanismos de control que garanticen que se cumpla con el marco regulatorio aplicable a los proyectos de inversión para el suministro de hidrocarburos mediante el aval sectorial que debe emitir la rectoría. A su vez se le dispone al jerarca del Minae a ajustar el Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, a efecto que se incluyan los procesos de fiscalización y mecanismos de control, así como las consecuencias en caso de incumplimiento a quienes deben solicitar la concesión para el suministro del servicio público.

Finalmente, la Contraloría instó a que se ejecuten las acciones para asegurar que ninguna planta de generación eléctrica esté operando sin cumplir con el requisito de concesión.