Ley General de Contratación Pública entró a regir el 1 de diciembre de 2022.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de seguimiento a la gestión pública acerca de la adquisición de bienes realizada por instituciones públicas mediante el Sistema de Compras Públicas (Sicop).

Dato D+: Entre 2018 y 2023 un total de 310 instituciones tramitaron 652.642 líneas de contratación de bienes en el Sicop, por más de 3 billones de colones.

El informe destaca que, con la aplicación de la nueva Ley General de Contratación Pública (Ley 9986), que entró a regir el 1 de diciembre del 2022, se muestran “cambios positivos y beneficios en la gestión de compras públicas, que solo pueden pueden llegar a afianzarse y consolidarse resguardando la integridad del marco legal en el cual se soportan”.

Entre las principales mejoras encontradas tras la entrada en vigencia de la Ley 9986, el informe destacó:

  • Un porcentaje cercano al 66% del total de procedimientos de contratación se realizó bajo la modalidad de Licitación Reducida, procedimiento que integra un porcentaje mayor de adquisiciones que el de las Contrataciones Directas por escasa cuantía llevadas a cabo con la ley anterior.
  • Se observan mejoras en la seguridad jurídica y transparencia del proceso derivado del mayor uso del sistema transaccional SICOP, pasando de 277 entidades en 2022 a 320 en 2023.
  • Se presenta una disminución de los casos de variaciones de cantidades de bienes mayores al 50% en las contrataciones, que con la anterior ley superaron siempre el 20%, sin embargo, durante el 2023 únicamente alcanzaron un 3%.
  • Se produjo una mejora en la cantidad de información incluida en SICOP de siete puntos porcentuales del total de líneas adjudicadas, que antes carecían de datos, principalmente, relativos a la recepción de los bienes (tanto provisional como definitiva).
  • El porcentaje de contratos que requirieron modificaciones disminuyó del 14,3% al 2,74%.
  • Se ha reducido significativamente la cantidad de cambios en las cantidades de bienes adquiridos.

Los análisis de la actividad del proceso de adquisiciones, dan cuenta de la presencia de los beneficios que pueden obtenerse, con el aprovechamiento de figuras como las economías de escala, las compras estratégicas, el uso prioritario de los procesos ordinarios por sobre los especiales y los de excepción, la ampliación de la participación de oferentes en los procesos, entre otros.

La gerente Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza, Falon Arias Calero, destacó:

Con el resultado del análisis se identificaron tendencias positivas, que aún en el corto plazo de vigencia de la nueva ley, ya se observan [mejoras] en el comportamiento de las instituciones públicas, como por ejemplo, el aumento en la transparencia, pues más de 320 instituciones ya tramitan sus compras en el Sicop, mejoras en la planificación de las compras, que implican menos cambios en la cantidad de bienes adquiridos y también menos modificaciones contractuales”.

Adicionalmente, Arias agregó:

El panorama también es positivo para el futuro de las compras, donde, por ejemplo, aprovechar las economías de escala puede reducir el costo de un bien en más de un 32% de su precio. Asegurar la participación de más de un proveedor en un proceso de compra puede ahorrar hasta 3.357 millones de colones, solo con contar con un solo proveedor adicional. Y también se abren oportunidades de negocio para las empresas medianas y pequeñas que han aumentado su participación como oferentes ante las instituciones públicas”.

El informe concluye que “la implementación de la LGCP marca un hito relevante para el país, por cuanto ofrece una oportunidad propicia para analizar y capitalizar aprendizajes a partir de las previas experiencias; y a la vez abre desafíos para potenciar la simplificación del proceso, la generación de ahorros, valor por el dinero, competencia y transparencia aportar valor público”.