Los principales argumentos se relacionan con la ausencia de estudios técnicos y científicos, así como la exclusión de la opinión del sector para la elaboración del proyecto.
La Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) expresó su oposición al expediente legislativo N.° 23.697, Ley para Regular la Fumigación Aérea, argumentando que amenaza la estabilidad de la producción bananera, así como de otras actividades agrícolas, debido que la propuesta de ley carece de estudios técnicos y científicos, en lo referente la definición del radio de aplicación, según afirmaron desde ASA.
Inicialmente, el proyecto prohibía un área de fumigación de 3 km de radio, que luego fue reducido a 1 km. Esto equivale a 314 hectáreas de cultivo, aunque el sector advierte que la afectación podría ser mayor si las zonas restringidas abarcan varias fincas o plantaciones al mismo tiempo, indicó la ASA.
ASA asegura que la decisión afectaría de forma directa al sector agrícola del país y en particular a la producción de banano, que es la principal actividad económica de la provincia de Limón y genera el 83 % del empleo en la zona Huetar Caribe.
Adicionalmente, el sector agrícola denuncia que en ningún momento se le consultó acerca de este proyecto y mucho menos se les convocó a audiencia, como si se hizo con grupos ambientalistas y Municipalidades.
Jorge Cartín, director de la ASA, expresó:
¿Dónde queda el principio fundamental de la democracia de garantizar la participación y representación de todos los sectores afectados por decisiones legislativas? ¿Cuándo nos convocó la Comisión de Ambiente para escucharnos, conocer nuestra opinión y entender el impacto de este proyecto al sector bananero, así como las soluciones que podríamos aportar? La aprobación de esta Ley afectaría al 100 % de los productores de banano, generando graves consecuencias para la economía nacional con el cierre de varias empresas”.
Aunado a esto, tanto el 23 de septiembre de 2023 como el 26 de setiembre del año en curso, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), organización cúpula del sector agropecuario nacional, remitió dos oficios con observaciones y comentarios sobre el proyecto de ley en cuestión. Sin embargo, dichas oficios no fueron tomados en cuenta al elaborar el informe de la Subcomisión, según la ASA.
Entre las observaciones señaladas, destacaron los estudios técnicos y científicos realizados en Costa Rica por la Comisión Asesora para el Control de Regulación de Actividades de la Aviación Agrícola, que es la encargada de garantizar el cumplimiento del reglamento para estas actividades.
Estos estudios demuestran que, bajo condiciones controladas, como un tamaño adecuado de las gotas, velocidad del viento regulada y altura óptima de aplicación, la deriva, es decir, el movimiento involuntario de un producto fuera de su objetivo durante la aplicación no excedería los 26 metros a la redonda y en el caso de aeronaves de ala fija y 5 metros cuando se utilizan drones.
Está Comisión está conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Consejo de Aviación Civil, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), Colegio de Ingenieros Agrónomos, compañías de aviación agrícola y la CNAA.
También es importante señalar que no se consideró la posición del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ente competente en materia de registro y aplicación de agroquímicos, el cual manifestó su oposición el año anterior a dicho proyecto de Ley por carecer de sustento técnico y científico.
Cartín, ejemplificó la afectación a nivel de campo que podría tener esta distancia propuesta:
El proyecto establece que, en un radio de 1 km alrededor de puntos como escuelas, Ebais e iglesias, no podrá pasar un avión fumigador. Para dimensionar el impacto en la actividad bananera, imaginemos lo siguiente: si tomamos la Asamblea Legislativa como punto central, suponiendo que es un centro de población, ese kilómetro abarcaría aproximadamente un perímetro desde el edificio del Banco Central de Costa Rica hasta el edificio Urban en Escalante. En esa aérea no se podría fumigar por vía aérea, lo que obligaría a las fincas a recurrir a otras técnicas de fumigación, las cuales no serían rentables y podrían llevarlas a la quiebra, generando un fuerte impacto socioeconómico, no solo en la provincia, sino en todo el país”.
Otros sectores que se verían afectados son la caña de azúcar, el arroz y la producción de cítricos para la industria, según la ASA.
