Los días “de la Comunidad de Personas Sordas en Costa Rica”, conmemorado el 21 de septiembre, y el “Día del Traductor e Intérprete de LESCO” el 30 de septiembre, son fechas que invitan a la reflexión sobre los avances y retos que enfrenta la comunidad sorda en el país. A pesar de la aprobación de la Ley Nº 9822 en 2020, que reconoce el LESCO como patrimonio cultural y lingüístico de Costa Rica, los derechos que prometía aún no se han materializado en la vida cotidiana de las personas sordas.
La falta de accesibilidad en instituciones bancarias como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y el BAC, es un claro ejemplo de cómo estos derechos no se respetan. La comunidad sorda sigue enfrentándose a barreras insuperables al intentar realizar trámites básicos, debido a la ausencia de intérpretes en LESCO. Esta problemática también se refleja en otros aspectos de la vida diaria, como el transporte público, el aprendizaje para conducir y, de manera alarmante, el acceso a la educación.
A pesar de que las instituciones educativas están obligadas a garantizar una enseñanza bilingüe e inclusiva, no se han brindado los recursos necesarios para que esto sea una realidad. Incluso en la Asamblea Legislativa, donde se aprueban leyes para el bien común, la inclusión se ve limitada por la falta de intérpretes en varias comisiones. ¿Cómo puede una democracia funcionar de manera efectiva si una parte importante de su población no puede acceder a la información?
La comunidad sorda no busca caridad, sino el reconocimiento de sus derechos. Exigimos acceso a la comunicación en todas las áreas de la vida, desde lo público hasta lo privado. Nuestra lucha diaria contra un sistema que ignora nuestras necesidades conduce a sentimientos de exclusión, aislamiento e incluso depresión.
Por eso, solicitamos a las autoridades que tomen medidas más concretas para garantizar la inclusión de las personas sordas. Un paso significativo sería el reconocimiento del LESCO en la Constitución Política de Costa Rica. Aunque la ley Nº 9822 fue un avance, solo con un reconocimiento constitucional nuestra lengua y nuestros derechos serán realmente valorados.
El reconocimiento del LESCO en la Constitución enviaría un mensaje claro: las personas sordas merecen ser escuchadas, respetadas y plenamente incluidas en la sociedad costarricense. Este acto no solo es una cuestión de derechos, sino también de dignidad humana.
A lo largo de los años, la comunidad sorda ha luchado incansablemente por un lugar digno en la sociedad costarricense, buscando siempre ser partícipe activo de sus derechos. Nuestro idioma, el LESCO, es la clave para abrir las puertas de la inclusión, la igualdad y el respeto. El reconocimiento constitucional de nuestra lengua no es solo un derecho, es un acto de justicia para miles de personas que han vivido en silencio durante demasiado tiempo.
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