El 2 de noviembre de 2024 pasará a la historia como un día triste para los costarricenses, especialmente mujeres, para el Poder Judicial y para el foro nacional: la reelección del magistrado Porfirio Sánchez lanzó un crespón sobre la Corte Suprema de Justicia. Las múltiples falencias imputadas al magistrado fueron disimuladas, incluso disculpadas por quienes lo apoyaron, penosamente dos diputadas asumieron un papel de defensoras ad honorem y aunque una es abogada y la otra estuvo alguna vez en la Escuela de Derecho, olvidaron principios básicos de las leyes que protegen a las mujeres y más bien retrocedieron en la valoración de esos derechos. Sin embargo, ninguna de las dos diputadas, integrantes de la Comisión de Nombramientos, que asumieron con gran tesón la defensa del cuestionado, tuvo ni siquiera por asomo una posibilidad de decir algún acto del magistrado que mereciera elogio, ni siquiera una sentencia que diera lugar a una importante jurisprudencia, por eso su argumento fue el “principio de inocencia ” a su favor, el desprecio de la obligada presunción iuris tantun a favor de la víctima (y el derecho convencional sobre el tema), y las violentas arremetidas revictimizando e insultando a la denunciante.
La reelección demostró un hecho que hasta ese momento era solo un rumor: la existencia de la llamada red de cuido. Y es que, desde su designación como magistrado, Sánchez estuvo amparado por esa red; su elección ocurrió “luego de dos rondas de votación y tras fuertes negociaciones entre las bancadas”, es evidente que nunca prevaleció la valoración de sus atestados, ni su desempeño anterior como juez. El éxito de esa votación fue celebrado con un pipiripao entre magistrados y diputados en Atenas quienes, más que el nombramiento, celebraban el éxito de las negociaciones que lo sustentaron.
En la reelección la red de cuido logró nuevamente que el magistrado continúe estando en la Sala Segunda por otros ocho años, aunque el resultado de la votación fuera penoso: 25 a favor, 25 en contra y los incalificables diputados ausentes. Es una reelección sin honor. En la edad antigua se definía honor como norma de conducta que servía como evaluación social, hoy se define como honra, honestidad, dignidad, respetabilidad, integridad, nobleza, decencia, rectitud, entereza, lealtad, pundonor. La votación y los cuestionamientos que se han hecho sobre este magistrado, impiden que se pueda decir que su reelección se basa en su honor, en su rendimiento como magistrado, o en sus sesudas sentencias, por el contrario, la única sentencia a la que se aludió en el proceso, fue la que el magistrado dictó perjudicando a una señora, y el Tribunal calificó de “ingenua”, para no pasar por la pena de calificarla de mal intencionada.
En la decisión para esta reelección quedaron claramente expuestos ciertos vicios que se mostraron concretamente:
Que los derechos humanos de las mujeres no se tutelan adecuadamente, al contrario, en este caso la denuncia presentada por una jueza, les sirvió a los “partidarios” de Sánchez para que, en vez de intentar demostrar que las omisiones, errores y problemas que se le achacaron para oponerse a su nombramiento eran falsas, se dedicaron a vituperar a la denunciante. Los “caballeros” que la atacaron, solo mostraron un “machismo” rampante y ridículo y un gran desconocimiento del tema. Por ejemplo, Carlos Andrés Robles, no solo atacó a la Jueza, sino que disculpó a Porfirio su atraso, y le imputó la mora de su despacho a sus letrados (escogidos, nombrados y supervisados por el mismo Sánchez).
La diputada Gloria Navas, de quien, por decencia, por experiencia y por edad se esperaría algún grado de sororidad y una aplicación justa del derecho, atacó a la mujer denunciante: la llamó loca, desquiciada mental, poseedora de “una mente torcida”, conspiradora, promotora de un “escándalo sucio”, etc., conceptos que tradicionalmente usó el patriarcado. La pasión por la reelección era tanta, que doña Gloria ignoró, porque no podría pensar que no los conozca, principios básicos de derecho, vulneró derechos fundamentales e irrespetó la normativa internacional que protege a la mujer, (por ejemplo, la prohibición de tratos degradantes hacia la mujer como lo señala el artículo 5 inciso 2 del Pacto se San José). Navas también desconoció la existencia del principio de presunción iuris tantum a favor de la víctima de acoso, pero en cambió resaltó el principio de inocencia a favor de Sánchez, sin siquiera poder desvirtuar alguno de los argumentos en contra de la reelección. Tan ardua fue la defensa de parte de la diputada Barquero que hasta creó una nueva figura, que ella llamó “in dubio pro magistrado”, pero irrespetó el principio “pro homine” a favor de su congénere.
Como mujer no puedo entender como las señoras diputadas (Navas y Barquero) consideraron que Sánchez debía ser reelecto con base en el “principio de inocencia”, e ignoraron la misoginia que lo ha caracterizado: dictó una sentencia “ingenua” a favor de un político, invirtiendo la carga de la prueba en contra de una mujer trabajadora; le negó a una madre el derecho de amamantar a su hijo; intentó que se modificara un acuerdo de Corte Plena para que se eligiera a un hombre en el lugar que correspondía a una mujer cuando ya un hombre estaba electo a la Presidencia del órgano (si el Presidente era hombre la vicepresidenta sería mujer, y viceversa); prometió renunciar a su inmunidad —pero nunca lo hizo— en un caso por prevaricato planteada en su contra por la trabajadora Liz Tencio, quien murió sin recibir justicia. No pudieron las diputadas y los diputados que tan vehementemente clamaban por la reelección demostrar que alguno de esos argumentos es falso, así que esa política seguirá vigente en la Sala que preside el citado señor, las damas cuyos litigios tengan el infortunio de caer en manos de Sánchez, estén atentas, recuerden que la misoginia podría prevalecer.
Quedó claro además que la red de cuido es tan poderosa para influir en los nombramientos de magistrado, que se presiona a los diputados para que voten según la voluntad de algunos gamonales, y si no, que recurran a artificios que beneficien la elección. Meridianamente lo expresó el diputado Gilbert Jiménez, quien había anunciado su voto en contra, que le pidieron “que no participara en la sesión del plenario” (para mayor transparencia debería don Gilbert contarnos quién le pidió eso). De igual manera el diputado Francisco Nicolas dijo: “no aplica que nadie me llame para pedirme que vote por ningún magistrado… mi conciencia me indica que no tengo que votar por usted, don Porfirio”.
Se demostró que los diputados no representan a sus electores sino a sus propios intereses. Hubo diputadas y diputados que, sin justificación, no asistieron a la votación porque tuvieron miedo, estos diputados son cobardes porque cedieron a las órdenes de la red de cuido. También son traidores porque le dieron la espalda al clamor del pueblo, se escondieron y así apoyaron la indeseada reelección. En el caso de Nueva República volvieron a exponer su escaso compromiso y capacidad de discernimiento: dijeron que no apoyarían a Sánchez, otro día, movidos por ignotas razones cambiaron de posición recurriendo al irrisorio argumento de que votaban a favor de Porfirio porque la jueza que lo denunció era apoyada por grupos feministas radicales.
La reelección de Porfirio Sánchez le hizo un gran daño al Poder Judicial, son las personas las que causan perjuicios a la institución en que laboran. Los diputados no tomaron en cuenta ni la mora de su despacho, ni las vulneraciones de derechos fundamentales en que ha incurrido, eso sienta un pésimo precedente, no se requiere méritos ni esfuerzo para ser reelecto, ¿seguiremos siempre bajo este siniestro sino? Las secuelas de esta reelección son graves pues no solamente se dañó la ya deteriorada imagen del Poder Judicial, sino porque la votación dio lugar a que se develara una suerte de regresión en materia de derechos de las mujeres, propiciada por los legisladores, y lo que es peor, por varias legisladoras. Tristes y dolorosas son las secuelas de esa reelección.
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