Magistrados destacaron que la reforma aplica para delitos de extrema gravedad, como terrorismo y narcotráfico.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, dio luz verde este miércoles a la propuesta de reforma a la Constitución Política para permitir la extradición de nacionales por crímenes de narcotráfico y terrorismo.
Según informó la oficina de prensa del tribunal constitucional, la unanimidad de la sala, integrada por los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera y la magistrada suplente Alexandra Alvarado Paniagua, concluyeron que la propuesta no tiene vicios de fondo ni de procedimiento.
Según dijo el tribunal, la reforma constitucional que se tramita bajo el expediente 23.701, busca alinearse con tratados internacionales ya suscritos por el país, que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación contra estos delitos, y destacó que la reforma no infringe el contenido esencial de los derechos, ya que se trata de excepciones para delitos de extrema gravedad.
Paul Rueda Leal, magistrado instructor de la consulta legislativa de constitucionalidad, explicó que los diputados y diputadas, cuando reforman la Constitución, pueden definir y balancear los derechos fundamentales, siempre y cuando no se vea afectado su contenido esencial.
En el caso de la extradición, justamente, ha habido antecedentes de la Sala en que ha admitido este tipo de modulaciones, cuando se trata de delitos muy graves, como los de lesa humanidad, contemplados en el Estatuto de Roma, o cuando hay aspectos de suma relevancia, como la protección al interés superior de las personas menores de edad, como sucedió con el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
En este caso, agregó Rueda, la reforma versa sobre el terrorismo y el tráfico internacional de drogas como excepciones al precepto 32 de la Constitución política, y posibilidad que se ve respaldada por varios tratados internacionales ya suscritos por Costa Rica, que contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra tales flagelos de la sociedad.
"De esta forma, la Sala concluye que la reforma propuesta equilibra los derechos del ciudadano con el interés actual de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo, en la medida que condiciona la extradición a que sea concedida en tales casos, en concreto, y solo por los tribunales de justicia con estricto apego a los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidas en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes", dijo el magistrado.
El fallo integral deberá ser notificado a la Asamblea Legislativa para que esta pueda proceder con la votación en segundo debate de primera legislatura. Posterior a esa votación, la reforma deberá ser enviada al Poder Ejecutivo para que en el informe presidencial de mayo del 2025 indique (sin carácter vinculante) si apoya u objeta la propuesta, posterior a lo cual la Asamblea deberá votar la reforma en otros tres debates antes de poder aplicarse el cambio en la Constitución.
