El magistrado Orlando Aguirre rechazó los comentarios del presidente Chaves, quien aseguró que hubo una instrumentalización del Poder Judicial en arresto de Marta Esquivel.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, emitió un comunicado de prensa rechazando las afirmaciones hechas por el presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, quien aseguró que en la detención de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, y demás directivos, se utilizó el Poder Judicial para intimidar y amedrentar al Gobierno.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el mandatario señaló:

Yo creo compatriotas que vale la pena que nos hagamos estas preguntas: ¿será, y es una pregunta retórica, que en Costa Rica la justicia está politizada? La misma justicia que no ha detenido a Ofelia Taitelbaum, ya condenada, pero sí a Marta Esquivel. Esto no es un tema ya de ni siquiera de rivalidad política, es un tema de derechos humanos, de respeto a la integridad de las personas y de la politización de la justicia en nuestro país."

En respuesta a los comentarios, el magistrado Aguirre afirmó:

Rechazamos que las decisiones del Poder Judicial respondan a intereses políticos de cualquier índole. El accionar del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial, con el respectivo aval de jueces de garantía, se ampara en competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico y están sujetas al control de la ley”.

El presidente de la Corte añadió que “la división de poderes, la independencia judicial y la institucionalidad son cimientos esenciales de nuestro Estado Social de Derecho; todas y todos los costarricenses tenemos el deber ineludible de no solo respetar estos principios, sino de defenderlos con firmeza”.

Finalmente, Aguirre recordó que debe ser “ante las instancias jurisdiccionales donde se debaten los elementos que cada parte considera apropiados” y concluyó:

No es momento para promover la polarización y el enfrentamiento, debe prevalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad”.