En el contexto actual costarricense, se observa una clara reducción en la intervención del Estado en la política social, lo que provoca un deterioro significativo en las condiciones de vida de la población. Este proceso se evidencia en la disminución de programas sociales y recortes presupuestarios en áreas clave, como salud, educación y vivienda.
Paralelamente, el alza en la inseguridad, reflejada en el incremento de la violencia y la criminalidad, ha afectado gravemente a las comunidades más vulnerables, con lo cual, se exacerba la exclusión social y la desigualdad. El debilitamiento de las redes de protección social y la creciente precarización laboral, han contribuido a empeorar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, particularmente, de quienes ya enfrentan múltiples formas de marginalización.
La precarización del trabajo, la reducción de la política social y el aumento del desempleo, son algunos de los desafíos más relevantes que enfrenta la profesión del Trabajo Social, considerando que su accionar ha estado enmarcado en la garantía del uso adecuado de los recursos públicos, para proteger los derechos de las personas usuarias.
El Informe de condiciones laborales 2021-2022, revela un panorama preocupante, donde el desempleo representaba un 15%, porcentaje que se acentuó en el informe 2023-2024, con un aumento del 4,82% en dos años, es decir, un desempleo del 19.82% en personas profesionales en Trabajo Social.
En este último informe, se evidencia cómo las condiciones laborales han empeorado, con un incremento notable en las cargas laborales excesivas, con una sobredemanda y exigencias institucionales para dar respuesta a una cantidad de casos que no responden a la capacidad operativa, un detrimento en las garantías laborales y un riesgo en las condiciones de vida y de salud del gremio.
Además, el desempleo afecta de manera directa a quienes se han graduado de universidades privadas, lo que impacta, especialmente, a personas de entre 30 y 40 años. Esto agrava las dificultades para acceder al empleo, y revela una contradicción evidente: mientras, por un lado, se observa una creciente sobrecarga laboral, por otro, se incrementa el desempleo entre las y los profesionales.
En este contexto, la reducción sistemática de la política social en el contexto neoliberal, ha debilitado significativamente los espacios laborales para las personas trabajadoras sociales. Con el aumento de la externalización de servicios y la focalización de las políticas sociales, el acceso a los derechos básicos de la población ha disminuido, y con ello, los espacios de intervención profesional que Trabajo Social históricamente ha ocupado.
Las políticas que buscan limitar el papel del Estado en la provisión de servicios, junto con la mercantilización de derechos como la salud y la educación, han precarizado los empleos y reducido las oportunidades de crecimiento profesional. Según el último informe mencionado, el 59.51% de las personas encuestadas indicaron que las posibilidades de ascenso en sus empleos, han disminuido paulatinamente.
Ante esta realidad, es imprescindible que el gremio de Trabajo Social fortalezca su rol en la defensa de los derechos de las personas usuarias y del gremio en sí mismo, y así, por ende, la atención del uso adecuado de los recursos públicos para la defensa y exigibilidad de estos derechos.
La función de las personas profesionales de Trabajo Social no se limita a la intervención directa con las personas usuarias, sino que también, se extiende a la labor crítica de cuestionar y transformar dentro de las posibilidades concretas, las condiciones sociales que favorecen la desigualdad y la exclusión.
En un contexto donde la mayoría de los puestos de trabajo se encuentran en el sector público, que a su vez enfrenta constantes recortes y restricciones presupuestarias, es vital que el gremio se organice para defender sus derechos laborales y asegurar que las políticas públicas respondan a las necesidades de la población más vulnerable y con quienes se mantiene el apoyo y compromiso desde larga data.
Desde el Colegio de Trabajadores Sociales (COLTRAS), recomendamos incentivar la organización gremial para defender y mejorar las condiciones laborales; esto incluye la creación de espacios de análisis crítico de la realidad nacional e institucional, así como la promoción de investigaciones que generen datos actualizados y relevantes para la defensa de los derechos sociales. Además, es esencial promover espacios de capacitación y educación permanente, integrados dentro de la jornada laboral, para optimizar el servicio brindado a las personas usuarias, fortalecer el desarrollo profesional y personal desde una visión integral.
El Coltras se compromete a seguir brindando apoyo y recursos para el colectivo profesional, así como a fomentar la organización gremial, con el fin de enfrentar los retos actuales y futuros de la profesión.
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