¿Por qué no denunciaste? ¿Dijiste explícitamente que no? ¿Dijiste explícitamente que sí? Debiste gritar, alzar la voz, denunciar penalmente.
A las mujeres se nos exige una conducta adecuada, correcta, incluso cuando se trata de agresiones en nuestra contra. Las mujeres a menudo no denunciamos la violencia sexual por una combinación de factores sociales, emocionales, legales y personales. Por el temor a las posibles represalias por parte de nuestro agresor, pero también por las represalias simbólicas por parte de la sociedad. Porque nuestro agresor puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, el jefe o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o un presidente de la república.
Cuando denunciamos, no nos creen. Cuando denunciamos y tenemos pruebas, no nos creen. La violencia sexual está rodeada de un fuerte estigma social y muchas mujeres sienten vergüenza, culpa o miedo. Además, el sistema de justicia puede ser ineficaz, lento o estar sesgado en contra de las víctimas, lo que desincentiva a las mujeres a denunciar. El miedo a la pérdida de apoyo social, laboral o familiar también puede jugar un papel importante. Denunciar puede significar perder amistades, empleo o incluso ser repudiada por su propia familia.
La sociedad falla cuando una mujer encuentra el valor para denunciar a su agresor y la respuesta del Estado es darle la espalda, no creerle y, lo que es peor, premia al agresor. Como bien señala Clara Serra, feminista y política española, la violencia sexual es una manifestación extrema de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Argumenta que esta violencia no es solo un acto aislado, sino parte de una estructura social que mantiene a las mujeres en una posición de vulnerabilidad. La autora subraya que la "cultura de la violación", término que se refiere a cómo la sociedad minimiza, normaliza y justifica la violencia sexual, se encuentra arraigada en las bases de la cultura patriarcal. Entonces, la falta de investigación y sanción perpetúa la impunidad, permitiendo que los agresores continúen cometiendo delitos sin enfrentar consecuencias. Esto envía un mensaje de que la violencia sexual es tolerada o no es tomada en serio, lo que puede incentivar a más actos de violencia. La falta de acción estatal puede aumentar el sufrimiento a la víctima, provocando una sensación de desprotección y desesperanza.
Además, estas consecuencias se agravan cuando el agresor tiene poder económico, social o institucional, las dinámicas de la violencia sexual y las posibilidades de que la víctima obtenga justicia pueden verse gravemente afectadas. La influencia del agresor puede crear un ambiente donde el silencio y la estigmatización de la víctima sean la norma. La víctima puede ser desacreditada, acusada de mentir, o incluso ser objeto de campañas de difamación diseñadas para proteger al agresor y dañar su credibilidad.
Asimismo, el incumplimiento del deber estatal de investigar y sancionar la violencia sexual puede constituir una violación de los derechos humanos. Las víctimas tienen derecho a la justicia y a una reparación y la omisión del Estado es una negación de esos derechos fundamentales. Cuando el Estado no actúa, perpetúa la desigualdad de género y mantiene estructuras sociales que oprimen a las mujeres. Esto contribuye a la reproducción de la violencia sexual como un problema sistémico.
Es urgente que no permanezcamos en silencio ante este tipo de actos, que corroen la poca fe que tiene la ciudadanía en el sistema de justicia. Debemos enfatizar en la importancia de la solidaridad y la movilización social para luchar contra la violencia sexual. Cree que es fundamental que las mujeres se unan para desafiar y cambiar las estructuras que permiten esta violencia.
¿Cómo pretenden que denunciemos? Cuando la misma institucionalidad nos traiciona y reelige a nuestro agresor como magistrado durante los próximos ocho años, cuando es el mismo Estado el que reproduce la violencia contra nosotras.
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