Un grupo de congresistas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica presentó este martes una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del proyecto de ley 22834, que estaba previsto ser votado en segundo debate este 3 de septiembre.

La iniciativa pretende realizar reformas a la Ley 8754, conocida como Ley contra la Delincuencia Organizada, con el fin de fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa en materia de congelamiento o secuestro de bienes de origen cuestionable. 

El proyecto de ley, aprobado en primer debate por el Plenario de la Asamblea Legislativa el pasado 27 de agosto, introduce cambios significativos, entre ellos la posibilidad de que el Ministerio Público solicite medidas cautelares anticipadas sin necesidad de una denuncia formal. Los legisladores firmantes argumentaron que esta disposición podría vulnerar principios constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso, consagrados en el artículo 39 de la Constitución Política.

Además, los diputados expresaron preocupación por las implicaciones que las reformas tendrían sobre el derecho a la propiedad privada. En su argumentación, señalaron que la iniciativa permitiría el secuestro de bienes y productos financieros con base en meras sospechas, sin garantías suficientes para el afectado y sin una clara definición del tiempo que podrían durar estas medidas.

En su consulta, los legisladores también cuestionaron las disposiciones relacionadas con las notificaciones judiciales, las cuales consideran que podrían dejar a los ciudadanos en un estado de indefensión, al permitir notificaciones automáticas sin verificar si la información de contacto del afectado está actualizada.

El grupo de diputados concluyó que, de ser aprobada tal como está, la ley podría ser inconstitucional y afectar gravemente derechos fundamentales. Por ello, solicitaron a la Sala Constitucional que se pronuncie sobre la conformidad del proyecto con la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La consulta fue firmada por Luis Diego Vargas Rodríguez, Gilberto Campos Cruz, Johana Obando Bonilla y Kattia Cambronero Aguiluz del Partido Liberal Progresista; Vanessa de Paul Castro Mora y Carlos Felipe García Molina de la Unidad Social Cristiana; Dinorah Barquero Barquero, Paulina Ramírez Portuguez y Danny Vargas Serrano de Liberación Nacional; David Segura Gamboa, Fabricio Alvarado Muñoz y José Pablo Sibaja de Nueva República; así como por la diputada independiente María Marta Padilla Bonilla.

Breves

— Con 46 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.109 "Adición del Artículo 2 Bis a la Ley No. 7955 del 9 de diciembre de 1999 y sus reformas". Este proyecto tiene como fin materializar el pago de extremos laborales a más de 2000 exestibadores empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a quienes se les deben compensaciones desde hace más de 30 años.

El proyecto dispone que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá reponer la lista de todas las personas exestibadoras afectadas por la apertura de los muelles en Limón y Moín el 31 de octubre de 1995 y gestionar los pagos de la compensación, la cual estará compuesta conforme a los montos dispuestos en el artículo 3 de la Ley 7955 (523.025,64 colones para personas con más de diez años de antigüedad en labores de estiba y desestiba; 453.227,85 colones para personas con una antigüedad laboral de cinco a diez años; y 348.580,43 colones para personas con menos de cinco años de antigüedad) con la indexación y los intereses correspondientes.

Asimismo, para el caso de cada persona extrabajadora, al monto de intereses se les aplicará un multiplicador de 0.5 por cada año laborado adicional al primero, por concepto de daños y perjuicios ocasionados por el retraso en el pago, con un límite de 25 años con un multiplicador de 13.

— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.058 "Adición de un Artículo 229 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus Reformas, Ley N° 8 del 29 de noviembre de 1937". El proyecto pretende otorgar el derecho a una pensión por sobrevivencia a los beneficiarios de los agentes judiciales que fallezcan en el cumplimiento de su deber, pero que en el momento del deceso no cumplan con los requisitos para gozar aún de una jubilación.

— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.354 "Desafectación de un bien inmueble perteneciente a la Municipalidad de San Mateo y su donación a favor del Ministerio de Educación Pública".

— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.385 "Ley para la promoción y fomento del programa de turismo para todas las personas (Anteriormente denominado: Ley para la certificación, promoción y fomento del turismo para todas las personas)".

— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.655 "Ley contra la Desaparición Forzada de Personas".

— La Comisión de Ambiente dictaminó afirmativamente el expediente 23.666 "Ley para prohibir la caza marítima del Tiburón Martillo en el territorio nacional".

— La Comisión de Limón dictaminó afirmativamente el expediente 24.098 "Declaración de interés público el desarrollo turístico del Camino de Costa Rica".

— La Comisión de Educación dictaminó afirmativamente el expediente 24.164 "Financiamiento permanente para la organización y el desarrollo de las Olimpiadas Científicas Costarricenses".

— La Comisión de Gobierno dictaminó afirmativamente el expediente 23.720 "Ley Nacional de Voluntariado".

— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente el expediente 24.193 "Ley para reforzar la protección de las personas menores de edad frente a las relaciones impropias".