Que haya propuesto derogar la conquista de las mujeres costarricense para que existiera paridad de género en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, desconociendo la regla de la progresividad de los derechos fundamentales (las conquistas no se devuelven).

Que como juez le negara el derecho de lactancia a una defensora pública que tuvo la desgracia de tener que litigar en su Despacho y que esa afrenta ameritara la intervención de la entonces Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.

Que cuando como juez le correspondió conocer de un proceso por acoso sexual en el que era demandado un influyente diputado, torciera el derecho, todo.  Fue poco sensible a la teoría de género, ingenuo al analizar el caso, invirtió la carga de la prueba obligando a la víctima a probar su dicho y le negó el derecho de hacer prueba a su favor a través de un dictamen médico  (todo esto se lo señaló el Tribunal Superior que le revocó la infausta sentencia).

Que una jueza denunciara que se masturbó frente a ella, en su oficina y sin su consentimiento. Que como presidente de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, bajo su mandato no haya mejorado la mora judicial.

Que como presidente de esa Sala haya recibido una calificación inferior a la de otras salas en materia de ambiente laboral, según lo denunció seriamente un ex-empleado de la Sala que preside.

Que durante ocho años como magistrado y alrededor de dos años como presidente de aquella Sala no haya hecho absolutamente nada importante para proveer una justicia pronta y cumplida a cientos de trabajadores y sus familias, así como a mujeres y niños que ven sus expedientes invernar en su Despacho sin una sentencia.

Que no haya liderado ningún proceso importante para mejorar la justicia laboral, colapsada totalmente por una reforma absurda, parida por la misma Corte y que bautizaron Reforma Procesal Laboral.

Que como presidente de la Sala II promoviera una interpretación del artículo 462 del Código de Trabajo totalmente contraria a los precedentes de la propia Sala, que le permitió rechazar de plano cientos de expedientes de humildes trabajadores asesorados por defensores públicos, con lo que no solo les denegó el acceso a la justicia sino que logró maquillar sus deplorables índices de trabajo.

Que le empeñara su palabra a los diputados en el año 2016, afirmando que renunciaría a la inmunidad para que una querella que la había interpuesto una jueza por el delito de prevaricato (fallar en contra de la ley) siguiera tramitándose por la jurisdicción ordinaria y que una vez nombrado no cumpliera su promesa.

Que haya reconocido una amistad cercana con el cuestionadísimo ex-magistrado Celso Gamboa, el mismo que le solicitó a la Corte que se desestimara aquella querella de prevaricato, la misma a la que supuestamente iba a renunciar de la inmunidad que lo protegía.

Que exista un conflicto ético con su esposa, la directora ejecutiva del Poder Judicial, y ninguno de los dos renuncie.

Que ese conflicto ético signifique que cuando se tratan en Corte Plena temas importantes expuestos por la Dirección Ejecutiva (como reorganización de plazas, inversiones, planes de ahorro, etc.) se excuse de votar y además no opine.

Que se haya visto envuelto en un escandalito de palacio para nombrar en forma irregular como miembro representante de los trabajadores del Poder Judicial al Sr. Carlos Montero, amigo tan cercano que se fotografió con él y las esposas en un restaurante en Perú, en lo que pareció un viaje de parejas muy amigas.

Que su esposa fuera nombrada en forma sigilosa como Directora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y que los sindicatos denunciaran que se trataba de un nombramiento urdido entre bambalinas, que la esposa no tenía el perfil para ese cargo y que era mucho más económico para el Fondo traer una persona de afuera porque ella con su plaza de Directora Ejecutiva (que no perdía) tiene un salario mucho más alto que cualquier mortal del sector privado con el perfil adecuado para ejercer ese cargo.

Que a la fiesta de celebración de su nombramiento asistieron diputados de varias fracciones de la Asamblea Legislativa (PUSC, Movimiento Libertario, Accesibilidad sin Exclusión) e incluso uno de ellos asistió en un vehículo oficial que los diputados sólo pueden usar para giras y actividades propias del cargo (una fiesta de un magistrado pensamos los ingenuos que no es actividad propia de un legislador...).

Que cuando fue juez laboral hubiera sido condenado varias veces por la Sala Constitucional por su vergonzosa mora en la tramitación de los asuntos a su cargo.

Que haya utilizado material destinado para fines públicos con fines personales (la carta de descargo dirigida a los diputados frente las denuncias que hice públicas la escribió en papel membretado de la Corte).

Entonces, ¿Qué le importa a los diputados del PLUSC y de una fracción de fanáticos religiosos sin palabra para haber reelecto al Magistrado Luis Porfirio Sánchez?  Muy simple: ¡Que sea miembro de la red de cuido!

A los costarricenses decentes sí nos importa y nunca lo habríamos reelegido. Las urnas se los cobrarán...

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