Amenaza se da un día de después de que la Fiscalía detuvo a altos funcionarios y exfuncionarios de la CCSS.
El Ministerio Público informó que la Fiscalía General de la República recibió una amenaza de bomba.
La oficina de prensa de la institución indicó la mañana de este martes que la situación está siendo atendida con todas las medidas de seguridad y que el personal se encuentra seguro y en buenas condiciones.
"El Ministerio Público repudia este tipo de actos sin precedentes, suscitados un día después de los 28 allanamientos y detenciones ejecutados dentro de un caso de presunta corrupción pública", detallaron en el mensaje enviado a los medios de comunicación.
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien en este momento participa en una misión de la DEA en Europa, reiteró que ninguna amenaza evitará que el Ministerio Público continúe haciendo el trabajo que la ley le encomienda.
El jerarca señaló la importancia de moderar discursos que descalifican innecesariamente las acciones de la administración de justicia.
Esta amenaza se da luego de que este 23 de setiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) coordinó 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los que se dio la detención de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez. Además, en los trabajos se detuvo a ocho altos funcionarios y exfuncionario más de la Junta Directiva de la CCSS.
Las personas imputadas se encuentran a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública a la espera de que se realice la audiencia de medidas cautelares.
Tras los operativos, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, arremetió este lunes contra la Fiscalía General de la República. En un vídeo enviado a la prensa, Fernández dio la reacción del gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles ante las diligencias judiciales, "luego de una discusión extendida y detallada" con el mandatario.
La ministra calificó las acciones de la Fiscalía como "absurdas y abusivas", sugiriendo que la investigación se trata de un "abuso de poder" con fines mediáticos. "Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral", afirmó Fernández, criticando la rapidez con la que se llevaron a cabo las detenciones.
Fernández también sugirió que las acciones de la Fiscalía podrían estar motivadas por una intención de hostigar al gobierno. "Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al Gobierno", declaró, añadiendo que el Ejecutivo no cederá ante lo que considera una maniobra para intimidar a sus miembros. Además, enfatizó que el gobierno seguirá enfrentando cualquier abuso de poder y pidió al pueblo costarricense que se mantenga "vigilante" ante esta situación.
El caso
De acuerdo con la Fiscalía, este es un caso en el que la Junta Directiva asumió el conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas.
Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio, explicó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de la Junta Directa de la CCSS sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se otorgó por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
