Las evidencias internacionales indican que los países ricos invierten en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) no porque les sobre la plata, sino al contrario, porque es su receta para propiciar mayor desarrollo y competitividad. Una decisión crítica para convertirse en sociedades y economías basadas en conocimiento.

Es más, para los países innovar es como nadar contra corriente. Es decir, si se deja de hacer, se retrocede. Por eso, ante las desafortunadas declaraciones de autoridades locales y la perplejidad que causan, conviene recordar por qué se debe invertir más en I+D+i.

Las actividades de I+D+i permiten solucionar problemas sociales, ambientales y económicos. Tienen un importante aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No hay un solo día que pase sin beneficiarnos de algún producto derivado de investigaciones científicas.

La investigación propicia la generación, difusión y avance del conocimiento. Propicia el desarrollo de nuevos campos del saber y la adquisición de conocimiento tácito, es decir, aquel que solo se aprende haciendo.  Contar con estas capacidades permite a las sociedades entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos.

La aplicación del conocimiento propicia el desarrollo de tecnologías e innovaciones de alto valor agregado. Constituye la base para el desarrollo de nuevos productos, servicios y mejora de procesos.

Nuevas líneas de I+D+i en las instituciones, tanto públicas como privadas, conducen a la diversificación productiva, aumentos de la eficiencia, disminución de costos, acceso a nuevos mercados, atracción de inversiones y creación spin-off.

Durante la realización de proyectos de I+D+i, se establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles para otros sectores.

La realización de actividades de I+D+i permite a las instituciones mantenerse actualizadas y estar a la vanguardia. Esto es esencial para sobrevivir en un mundo altamente competitivo.

En este amplio contexto, llama la atención que algunos políticos utilicen el número de patentes como único indicador, lo cual no refleja con precisión el nivel de innovación de un país. Más del 90% de las patentes corresponden a solicitudes de compañías extranjeras que quieren cubrir sus productos en diferentes zonas geográficas. Menos de un 10% de las patentes se licencian y de estas, con suerte, un 1 o 2% llegarán al mercado y generarán ganancias.

Además, las patentes no siempre tienen el mismo nivel de impacto y suelen medir la innovación en productos, pero no en procesos o servicios. Sectores como el software no dependen tanto de las patentes. El costo y la complejidad patentar también excluye a muchas instituciones y empresas pequeñas. Asimismo, algunas empresas grandes registran patentes estratégicamente para bloquear a competidores, lo que no necesariamente indica mayor innovación.

Por tanto, el número de patentes es, a lo sumo, un indicador del tamaño y valor del mercado que se quiere proteger y no un indicador de innovación per se.

Si el tema de innovación fuera de mayor interés para las autoridades, estas deberían promover políticas públicas para aumentar la I+D+i como un todo, tanto en el sector público como en el privado. No caben los recortes en una actividad tan estratégica.

En lugar de lo que está ocurriendo, se propone duplicar la inversión actual en I+D+i como porcentaje del PIB. Fortalecer los programas de orientación vocacional temprana que permitan duplicar también el número de jóvenes en carreras científico-tecnológicas y crear incentivos para aumentar la cantidad de científicos de alto nivel en sectores estratégicos.

La inversión en I+D+i ofrece un alto retorno y genera beneficios económicos y sociales que impactan la competitividad del país. Es crucial reconocer la importancia de invertir en investigación antes de que sea demasiado tarde.

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